Manuel Gallardo, a sus 74 años, tiene ya pocas esperanzas de que se haga Justicia. Hace una década, cuando estaba en activo, consiguió un jugoso contrato con su constructora, Grupo Inversor Masol, que más tarde se convertiría en su condena. Él fue el empresario que levantó la nave de ensamblaje de todoterrenos donde, supuestamente, la empresa de capital chino-iraní Zahav iba a fabricar entre 10.000 y 15.000 vehículos cada año, hasta 30.000 cuando estuviera “al máximo rendimiento”. No se llegó a fabricar ni uno.
Ahora, en los terrenos que debían estar llenos de todoterrenos y de trabajadores —más de 500 empleos directos se llegaron a prometer—, hay contenedores de basura, los antiguos que se retiraron de las calles de Jerez tras la llegada de la nueva concesionaria de limpieza viaria, la UTE formada por FCC, Cointer y Equal, a la que el Ayuntamiento, actual propietario de la parcela, se la cedió para este uso. Con la mirada perdida y los ojos tristes, por encima de la mascarilla, Manuel observa la causa de su “ruina” y suspira.
La construcción de la nave que hay en los antiguos terrenos de Zahav corrió a cargo del Grupo Inversor Masol, al que la empresa adeuda más de 2,5 millones de euros, que ha reclamado judicialmente al Ayuntamiento, aunque el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Jerez ha desestimado la petición del empresario. “El actuar negligente, o al menos, extremadamente arriesgado, de la propia recurrente —el Grupo Inversor Masol— al contratar con un tercero no puede ser costeado por la comunidad municipal de Jerez de la Frontera”, recoge la sentencia emitida este verano, a la que ha tenido acceso lavozdelsur.es. La defensa de Gallardo ya ha presentado recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
“Esto es injusto”, comenta Manuel cuando atiende a lavozdelsur.es. El agujero de 2,5 millones, que le reclama al Ayuntamiento y que el Juzgado de momento le niega, le ha supuesto importantes problemas económicos al empresario, ahora jubilado. Gallardo, un experimentado empresario de la construcción, que creó su primera empresa en 1975 y continuó activo hasta poco después de confirmarse el bluf de Zahav, cuenta que nunca tuvo problemas durante las más de tres décadas que estuvo en el mundillo, abordando obras de gran calado, como la de la Institución Ferial de Cádiz (Ifeca) o el estadio Chapín. “He hecho obras de hasta nueve millones de euros”, dice, “y nunca tuve problemas”.
El Grupo Inversor Masol, en el caso de la nave de Zahav, asumió el coste de su construcción, que tendría que cobrar en los 30 días posteriores a la finalización de la obra. Pero no fue así. “Al acabar el trabajo me hicieron varios contratos, diciendo que me iban a pagar todos los meses 50.000 euros, otro decía que en dos veces… pero ninguno se llegó a firmar”, lamenta Gallardo. Ahora, “el Ayuntamiento ha recibido una nave que yo he construido y se la queda para su beneficio”, señala. “Sé que el Ayuntamiento no me debe nada, porque con ellos no tengo contrato, pero he construido una nave que sigo sin cobrar”. Gallardo, en este tiempo, apenas ha cobrado 30.000 euros en concepto de limpieza de los 120.000 metros cuadrados que ocupan los terrenos.
El Consistorio, tras un proceso judicial iniciado en 2014 —con el PP en la Alcaldía—, cuando la extinta Empresa Municipal de Suelo (Emusujesa) demandó a Zahav por los incumplimientos en los que incurrió la empresa desde la firma del acuerdo con el Consistorio en 2009, recuperó los terrenos en 2016, con el PSOE al frente. “Ha sido un proceso que nos ha llevado más de dos años, pero finalmente el Ayuntamiento puede recuperar unos terrenos que ahora sí podremos poner a disposición de emprendedores y empresarios que realicen una actividad que reporte beneficios a los jerezanos, generando empleo y riqueza”, señalaba entonces el gobierno local, ya con Mamen Sánchez como alcaldesa.
Zahav Automobile Co. Ltd., que inicialmente anunció una inversión de 50,7 millones de euros —posteriormente se habló de más de 92 millones— y la creación de, al menos, 540 empleos directos, se vio como la esperanza de una provincia que había visto recientemente el cierre de Delphi, que dejó a casi 2.000 trabajadores en la calle, por lo que se hacía necesaria la llegada de nuevas inversiones. La idea inicial era que Zahav empezara a fabricar vehículos todoterreno en apenas dos años —hacia mediados de 2011—, con una previsión que pasaba por ensamblar entre 10.000 y 15.000 todoterrenos cada año, aunque esperaba llegar hasta los 30.000 anuales cuando estuviera a pleno rendimiento.
Ya en 2011, la oposición en el Ayuntamiento de Jerez empezó a criticar ferozmente el proyecto, en vista de que no se materializaba lo prometido por la empresa, que entonces hablaba de apenas 26 empleos y de usar 40.000 metros cuadrados de una parcela que tenía más de 120.000, y cuya nave nunca se llegó a pagar al constructor. "El propietario de la empresa tiene derecho a cobrar, pero es a Zahav a quien le tiene que reclamar la devolución", aseguró al alcaldesa en 2017, unos meses después de que el Ayuntamiento recuperara los terrenos. La sentencia judicial conocida por Gallardo es el último varapalo de una historia que aún no ha acabado.
El Ayuntamiento, tras hacerse con los terrenos, llegó a ponerlos en venta por poco más de ocho millones de euros, tras lo que el constructor esperaba cobrar su deuda. De hecho, hasta se conoció el interés de varios inversores, como unos empresarios venezolanos que pusieron sobre la mesa hasta 6,5 millones de euros con la intención de instalar una fábrica de baterías de coches eléctricos y una refinería de aceite, aunque la operación no se llegó a materializar. Manuel, mientras tanto, sigue esperando que se haga Justicia para olvidar cuanto antes este negro episodio de su vida.
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