Izquierda Unida pedirá en el próximo pleno que los Registros de la Propiedad del municipio informen al Ayuntamiento de Jerez de todas las inmatriculaciones de la Iglesia católica, en sus distintas denominaciones como Diocésis, Obispado, parroquia o similares, desde 1945 a 2015. De todos es conocido que la Iglesia católica se ha beneficiado de unos privilegios, fruto de su colaboración con el régimen franquista, desde 1945 hasta 2015, produciéndose un expolio monumental en el Estado español. Asimismo, exigirá al Gobierno de España la cancelación de la nulidad insubsanable de todos los asientos por la Iglesia católica y que califique nuestro patrimonio cultural religioso de dominio público.
Además, IU Jerez defiende que el Ayuntamiento debe personarse en la reclamación de dichos bienes inmatriculados sobre los que pueda determinarse su titularidad y habilitar los medios administrativos adecuados para informar a la ciudadanía sobre los trámites necesarios para la reclamación de los bienes inmatriculados de titularidad particular.
Izquierda Unida Jerez considera una auténtica tomadura de pelo que en 2021, mediante procedimientos de muy dudosa constitucionalidad y tras una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con fecha de 2016, se mantengan inmatriculados miles de bienes de toda índole, que deberían tener titularidad pública, a nombre de la Iglesia católica.
Iglesias, viviendas, casas rurales, cementerios, fincas y un largo número de bienes inmuebles, con todo lo que contienen en su interior, han sido inmatriculados por la iglesia católica con el simple certificado del diocesano correspondiente sin acreditar título de propiedad, basándose primero en la normativa franquista (artículo 206 de la Ley Hipotecaria reformada por Decreto de 1946 y el 204 del Reglamento Hipotecario de 1947) y desde 1998 en un Decreto del presidente Aznar con el que permitía la inmatriculación de templos de culto, lo que hasta entonces no era posible por su naturaleza pública.
Según Raúl Ruiz-Berdejo, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Jerez, “estamos hablando de bienes que son patrimonio público y que fueron inmatriculados por la Iglesia católica en virtud a una ley a todas luces inconstitucional aprobada por el Partido Popular. Ha llegado el momento de reivindicar ese patrimonio, de pelear para recuperarlo y ponerlo a disposición del pueblo evitando que sigue perpetrándose este expolio contra lo que es de todos”.
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