La Plataforma Laicista de Jerez convoca, este martes 22 de junio, una concentración en la plaza Plateros, a las 20.00 horas, para reclamar la recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia, una movilización que se llevará a cabo en otras ciudades del país. A iniciativa de la Coordinadora Recuperando, un total de 17 ciudades de nueve comunidades autónomas acogen manifestaciones para recordarle al Gobierno sus compromisos ante el Congreso de los Diputados. "Y para decirle que no vamos a tirar la toalla. Y que vamos a seguir reclamando una solución global y justa que devuelva al dominio público lo que ha sido históricamente de todas y de todos", señalan los convocantes.
"Gracias a la tenacidad del movimiento ciudadano que defiende el patrimonio público, hoy sabemos que la Iglesia católica ha privatizado casi 35.000 bienes desde 1998, buena parte de ellos pertenecientes al incalculable legado cultural construido y sostenido desde tiempo inmemorial por los pueblos y las instituciones públicas. Pero la cifra puede triplicarse si se incluyen en el listado todos los bienes inmatriculados desde 1946 en virtud del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que otorgaba a la Iglesia católica un privilegio claramente inconstitucional", señalan desde la Plataforma Laicista de Jerez.
"La publicación parcial del listado de bienes inmatriculados el pasado febrero es un éxito sin paliativos del movimiento ciudadano. Pero es un éxito insuficiente. El Gobierno presuntamente más progresista de la historia ha incumplido su compromiso programático y ha dado carpetazo a este escándalo monumental legitimando la apropiación eclesiástica de decenas de miles de edificios, fincas, plazas, cementerios y monumentos que forman parte de nuestra historia común", agregan.
Los convocantes recuerdan las palabras de Pedro Sánchez durante su investidura como presidente del Ejecutivo: "El Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia". "Ha transcurrido año y medio desde entonces y el Ejecutivo no solo no ha movido un dedo para anular las inmatriculaciones ilegítimas sino que, de forma clandestina y absolutamente opaca, ha acordado con la jerarquía católica amnistiar el inmenso expolio patrimonial", se quejan.
"En todo este tiempo, el Gobierno no ha tenido ni siquiera el decoro de recibir a Recuperando u otras organizaciones patrimonialistas para escuchar sus argumentos. Y lo que es peor: ha dejado en manos de ayuntamientos y particulares la eventual reclamación ante los tribunales de lo que a todas luces es una cuestión de Estado. Es preciso subrayar que nuestra reivindicación no es un asunto de carácter religioso sino estrictamente patrimonial", señalan los convocantes.