Antonio se crió en el Pago San José, donde vivía con sus padres. Pero llegó el momento de independizarse y unos amigos le hablaron de unos terrenos donde podría construirse su propia casa. Llegó, compró una parcela por unos cinco millones de pesetas, e inició la construcción de su vivienda donde, 20 años después, puede decirse que ha criado a sus dos hijos. Su historia no tendría nada de particular si no fuera porque la casa de Antonio está en una vía pecuaria, conocida popularmente como cañada, una zona de dominio público por la que pastores y ganaderos llevaban sus ganados hace años y que ahora, en muchos casos, están ocupadas por viviendas ante el vacío legal que existe.
Una de las vías pecuarias que tiene la ciudad, la de Albadalejo Cuartillos, empieza en el kilómetro 13 de la A-2003 —carretera de La Barca— y termina en la cañada de Vicos. Tiene una longitud de 5,2 kilómetros y una anchura de entre 75 y 100 metros, pero el deslinde iniciado por la Junta de Andalucía, propietaria de los terrenos, prevé reducir la anchura a unos 25 metros —una orden de 1965 ya aprueba la reducción a una colada de 20,89 metros—, respetando las viviendas existentes. El procedimiento, anunciado recientemente por el Ayuntamiento, lleva años de retraso. “Es una necesidad histórica. Queremos ser normales en todos los aspectos”, señala José Barriga (IU), delegado de Alcaldía de Cuartillos, quien cuenta que la situación es “insostenible”.
En la calle Alenar, que conecta la A-2003 a su paso por Cuartillos con la CA-3108, a unos cientos de metros de Estella, residen un buen número de vecinos que, como Antonio, llegaron a estas tierras hace años y construyeron poco a poco sus viviendas. El Ayuntamiento, en colaboración con la Junta, asegura que sigue adelante el deslinde de esta vía —ya se han instalado los indicativos que regulan el ancho de la cañada—. “Solo desde la coordinación y el logro de acuerdos con la Junta de Andalucía será posible conseguir la regularización de las viviendas”, dice la teniente de alcaldesa de Medio Rural, Carmen Collado, tras los últimos trabajos realizados en la zona.
Pero los vecinos no duermen tranquilos. Antonio, cuando llegó a la zona, cuenta que solo estaba su casa y un par de ellas más. Ahora solo hace falta recorrer unos cuantos metros para ver una nueva vivienda que, progresivamente, se han ido construyendo con el paso de los años. La finca que adquirió en su momento llevaba diez años abandonada, por lo que tuvo que adecentarla y hacerla habitable. Desde entonces, dice, paga IBI —Impuesto sobre Bienes Inmuebles—, unos 300 euros al año, y es de los pocos que tiene suministro de luz y agua. Él, incluso, registró su compra en la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta —por lo que abonó algo más de 1.100 euros— y también tiene documentación del catastro, donde vienen recogidas las características de la finca y las propiedades que tiene. “Esta vez parece que vienen con buena fe”, señala Antonio.
Casos como el de Antonio, y el de otros muchos vecinos que llegaron a la zona por la necesidad de tener una vivienda que se adecuara a sus posibilidades económicas, contrasta con los de algunos ‘domingueros’ —así los llaman— que adquieren terrenos para ocuparlos como segunda residencia y como zona de ocio. “Son los menos”, puntualiza José Barriga, pero haberlos haylos. Otros vecinos son más críticos con esta situación. “Basta ya del efecto llamada. Los anuncios que hace el Ayuntamiento diciendo que se van a legalizar las viviendas, invita a la especulación”, señalan otras fuentes vecinales. “Nos utilizan como rehenes de sus trapicheos políticos, están engañando a la ciudadanía”, añaden.
El Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Cuartillos, que data de 2009, sigue sin ejecutarse. Este plan contempla suelo para un nuevo centro social en la barriada rural, zonas verdes y la construcción de 425 viviendas de VPO. El PERI se desarrolló en una época en la que el boom inmobiliario aún no había estallado, por lo que el delegado de Alcaldía de Cuartillos pide que se actualice y se adecúe a las circunstancias actuales, o que se ejecute por fases. “Llevamos 50 años intentando que se haga una planificación seria”, señala José Barriga. El plan, que actúa en un espacio que abarca 461.800 metros cuadrados, distingue entre varias zonas: la central —conocida como Cooperativa de Cuartillos—, que tiene 86 parcelas que están regularizadas; la citada calle Alenar, donde “los particulares afectados no ostentan la titularidad registral de los terrenos, y por consiguiente resulta necesaria la regularización”; y otra —a espaldas de la planta potabilizadora— sin urbanizar y sin edificaciones.
El problema histórico de las viviendas ilegales instaladas en vías pecuarias lleva años siendo denunciado por organizaciones como Ecologistas en Acción. “Las ocupaciones ilegales de las vías pecuarias han tenido un carácter muy diverso. La mayor parte han sido debidas a la incorporación a sus fincas por parte de grandes terratenientes. Pero también han sido usurpadas por personas de escasos recursos para construir su casa, o instalar huertos y explotaciones ganaderas o, incluso, para segundas residencias”, recoge la asociación en un informe publicado en junio de 2009.
La ciudad, según informa Ecologistas, tiene una red de vías pecuarias de 525 kilómetros, de una anchura media de 52 metros, y que ocupan unas 3.000 hectáreas. “Las declaraciones y promesas de legalización realizadas desde las distintas administraciones han sido un acicate para que los que no creen en lo público hayan mantenido e incrementado las prácticas de ocupación y usurpación que en las últimas décadas se han visto multiplicadas”, abunda la organización, que avisa de que el proceso “usurpador” de los últimos años parece estar “fuera de control”.
Antonio, mientras tanto, sigue esperando que se regularice su situación, “con más miedo que años”. Él y su familia se quejan de que “cada vez que hay elecciones todo el mundo promete”. Pero continúan aguardando la llegada de la solución definitiva de un problema que se viene postergando desde hace décadas. “En una reunión que tuvimos con la Junta nos dijeron que intentarían no tocar las viviendas, eso nos deja más tranquilos”, señala José Barriga, quien cree que debe organizarse una mesa técnica en la que estén presentes la administración autonómica, el Ayuntamiento y los vecinos, de cara a concretar las acciones a realizar. “Mientras, que me dejen como estoy”, sentencia.