El gobierno municipal que lidera la alcaldesa, María José García-Pelayo, trabaja para cerrar en las próximas horas un acuerdo con los grupos de la oposición, PSOE, Vox y La Confluencia (IU y Ganemos Jerez) con vistas a convocar el llamado pleno extraordinario de organización, en el que no solo se fijan cuestiones como la periodicidad de las sesiones ordinarias o la conformación de las comisiones de pleno, sino que también fija las retribuciones de los miembros de la Corporación, el número de personal eventual del gobierno de turno, y las asignaciones económicas a los grupos políticos municipales.
Las dos directrices que ha dado Pelayo —en estas cuestiones tiene depositada su confianza en Jaime Espinar, portavoz del grupo municipal del PP— son que "no haya venganza política respecto al anterior mandato" —la paz social en la ciudad comienza por un clima de concordia con la oposición—, ni que la nueva estructura política del Ayuntamiento de Jerez sea más gravosa para los ciudadanos que la anterior que encabezaba Mamen Sánchez.
Según ha podido saber lavozdelsur.es, los dos liberados por grupo, portavoz y viceportavoz, se mantendrán, aunque no está claro si el viceportavoz percibirá retribución por dedicación parcial o exclusiva.
Discriminación al PP en 2019
En el primer caso, hay que recordar que el ejecutivo de la socialista castigó al PP de Antonio Saldaña dejándolo sin el asesor extra que sí aprobó para Cs y Adelante, llegando incluso a destinar recursos para Ganemos, formación a la que permitió conformar grupo con secretario, pese a que solo obtuvo un edil.
El ejecutivo socialista entendió entonces que como PSOE y PP percibirían una asignación económica (el dinero que da el Ayuntamiento por cada concejal) superior de más del 40% que Cs y Adelante, consideró dotar de más medios personales a estos dos grupos para que pudiesen "desarrollar mejor su labor". En la práctica, esto suponía mermar la capacidad de los populares, ya que el PSOE, por su condición de gobierno se fijó cinco asesores más un coordinador de comunicación.
Las negociaciones fueron muy complejas, llegando incluso a celebrarse dos plenos extraordinarios —11 y 17 de julio de 2019—, y teniendo incluso que aprobarse en junta de gobierno local las retribuciones y condiciones del personal eventual del gobierno y de los grupos políticos para el pasado mandato.
El coste de aquella estructura política suponía un millón de euros, 400.000 euros más que en el mandato 2015-2019. Y es precisamente este segundo punto el que Pelayo ha marcado como otra línea infranqueable: hay un grupo político menos (Ciudadanos) y, por tanto, no solo no debe rebasarse esa cantidad, sino que ha de menguar.
A partir de aquí, las posturas están cercanas y se espera que la convocatoria del pleno extraordinario se produzca a más tardar este miércoles —las reuniones entre gobierno y oposición se retomaron este pasado lunes— para que pueda celebrarse a final de semana. En todo caso, hay 30 días desde que el nuevo gobierno y el resto de concejales tomaron posesión (17 de junio) para celebrar uno de los plenos más controvertidos de cada mandato corporativo.
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