La entrada en vigor de la jornada laboral de 37,5 horas semanales en el Consistorio aúna desorganización interna municipal y un recrudecimiento de la guerra sindical contra el gobierno del PSOE.
Hay quien sostiene que Jerez, para bien o para mal, es diferente. De otra manera no se explica que, cuatro años después de lo que marca la ley, el Ayuntamiento jerezano haya empezado en este mes de noviembre a aplicar la jornada laboral para los empleados públicos que fijó el Gobierno de Rajoy en 2012: de 35 a 37 horas y media semanales. Tras aprobarse la medida en abril pasado, en el marco de un nuevo Plan de Ajuste del Consistorio, no ha sido hasta ahora, después de casi una treintena de intentos fallidos de negociación entre gobierno local socialista y sindicatos, cuando la plantilla municipal empieza a asumir los nuevos horarios. Si la mayoría de los trabajadores no han tenido más remedio que adaptarse al nuevo cuadro horario, el estreno esta semana de la medida ha conllevado silicona en las cerraduras y cadenas en varias dependencias municipales. A ello se ha sumado este viernes un nuevo acto vandálico contra responsables políticos. Algo que va unido de forma indisoluble a un conflicto laboral que ya dura medio año.
De nuevo el coche privado del teniente de alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, José Antonio Díaz, ha sufrido un sabotaje al haber amanecido con las lunas de sus puertas reventadas y otra vez las ruedas reventadas. Anteriormente ya sufrió el rociado de ácido y el rajado de sus cuatro ruedas, al igual que ya le ocurrió a los vehículos particulares de la propia alcaldesa, Mamen Sánchez y de su teniente de alcaldesa de Recursos, Laura Álvarez. Todos estos hechos han sido denunciados en la Comisaría, sin que los principales sindicatos del Ayuntamiento, CGT y SIP, hayan condenado estas acciones de terrorismo sindical. La que algunos ya denominan como la Jerez borroka no ha dudado en emplearse a fondo en todos estos meses con reparto de pasquines difamatorios, insultos, amenazas, sonoras pitadas y empleo de petardos, así como acciones vandálicas consistentes en pintadas en los domicilios de los representantes públicos e incluso, recientemente, el lanzamiento de huevos que impactaron contra el responsable local de Seguridad, Francisco Camas, y un diplomático inglés que acudió a la ciudad a un acto público de inauguración de un busto de Shakespeare.
Ni siquiera el gobierno municipal (PSOE) ha hallado condena ni reacción alguna por parte del subdelegado del Gobierno (PP) en Cádiz, Javier de Torre, quien insiste en hacer oídos sordos a la situación cada vez más tensa que está soportando la ciudad a raíz de este conflicto. Por su parte, el ejecutivo local ha vuelto a reiterar su "repulsa y rechazo ante cualquier tipo de acción violenta o amenaza en cualquier tipo de contexto" y ha apostado por el "diálogo como la única y mejor vía de entendimiento". Según ha añadido en un comunicado, estos actos vandálicos "retratan a sus autores como personas que no creen en los valores democráticos de la sociedad de derecho y de libertades que recoge la Constitución Española".
Como se recordará, el objetivo es recortar sobresueldos —Hacienda exige un tajo del 5% en el capítulo de Personal— a partir de la eliminación de un 40% del gasto en complementos de productividad, y otro tipo de retribuciones extrasalariales como gratificaciones y servicios extraordinarios —los que más influyen en la nómina de la Policía Local—. Solo en horas extras el ahorro anual previsto ronda el millón y medio de euros. "Simplemente, ni más ni menos que con voluntad, el PP hubiese implantado la jornada que pone la ley encima de la mesa y nos hubiésemos ahorrado ese dinero en horas extra. El PP decidió no implantarlo y nosotros vamos a hacer que se cumpla la norma", declaró en su momento el teniente de alcaldesa de Economía, Santiago Galván, quien quiere dejar las productividades a raya, pasando de un gasto anual superior a los 6 millón a un escaso millón de euros.
Empleados municipales consultados por este medio han valorado la medida tras los primeros días de aplicación, asegurando que "al final, aquí llegan algunos para fichar y luego se van, con lo cual esto afecta a los de siempre, a quienes de verdad trabajan en el Ayuntamiento". Y agregan: "Si al final no se le saca el máximo rendimiento al trabajo y no hay organización, estar más horas es solo para calentar la silla, si hay trabajo que no se hace y no se funciona, no va a salir estés las horas que estés". Otros incluso son aún más escépticos: "Esto no va a servir para nada porque al final lo que se ahorra por un lado se gasta por otro en luz, agua... en mantener abiertas más tiempo a la semana todas las dependencias". Un alto cargo municipal lo tiene claro: "Esto como mucho servirá para meter en vereda a la Policía Local pero tiene a todo el mundo cabreado; es un descontrol total y la información brilla por su ausencia". En teoría, cada director de servicio negocia con el personal adscrito a su área los nuevos horarios, de tal manera que "lo mismo hay quien entra a las siete y media de la mañana y sale a las tres de la tarde, que quien entra a las nueve, sale a las dos, y luego trabaja alguna tarde". "Nadie tiene claro muy bien sus horarios y no parece que esto suponga ahorro alguno", añaden.
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