La diputada Pelayo aplaude el programa social activado por el Ejecutivo de Rajoy: "El PP está comprometido con las personas más vulnerables".
Más de 6.000 familias jerezanas en situación de exclusión social andan estos días pendientes de un bono que ha aprobado el Gobierno central para que las eléctricas no puedan suspender el suministro eléctrico a estos consumidores en situación de especial vulnerabilidad que, además, sean atendidos por los servicios sociales municipales. Los beneficiarios obtendrán una bonificación del 25% de la factura de la luz, que se incrementará al 40% en los casos de vulnerabilidad severa y al 50% si ya reciben atención de servicios sociales. Así lo ha puesto de manifiesto la diputada nacional María José García-Pelayo, que en una nota de prnesa ha valorado positivamente las medidas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy que "permiten la financiación del bono social, y que parte de éste se dedique a evitar los cortes de suministro de electricidad, lo que va a beneficiar a más de 6.000 familias jerezanas”.
García-Pelayo ha explicado que “el objetivo del Gobierno del PP es que las familias con menos recursos tengan garantizado el suministro de energía eléctrica y dispongan de bonificaciones que van desde el 25% al 50% de la factura de la luz”. En cuanto al bono social, la dirigente popular ha expresado que “éste supone un descuento del 25% en la factura final de electricidad en aquellos casos en los que la renta familiar anual no supere una cierta cantidad, en función del número de miembros que componen la unidad familiar, y se incorporan nuevos criterios de cálculo para el caso de personas con discapacidad, para víctimas de violencia de género o de terrorismo. Además, los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas también serán considerados consumidores vulnerables”.
A lo anterior, ha abundado, hay que unir que "la bonificación de la factura subirá al 40% para aquellas personas que puedan acreditar su situación como de vulnerabilidad severa, y al 50% en los casos en los que además ya sean atendidos por los servicios sociales”. En relación a las medidas impulsadas para proteger a los consumidores vulnerables, García-Pelayo ha destacado que este nuevo Real Decreto, aprobado en el Consejo de Ministros, "garantiza que no podrá suspenderse el suministro eléctrico a los consumidores en situación de especial vulnerabilidad que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las Administraciones Públicas y también que se amplíe de dos a cuatro meses el plazo para suspender el suministro a determinados grupos de consumidores vulnerables en caso de impago”.
En este sentido, las empresas eléctricas estarán obligadas a comunicar los impagos en un plazo máximo de dos meses, para evitar que se acumulen retrasos que no sean detectados por los consumidores afectados, y en el caso de familias vulnerables, se amplía de dos a cuatro meses el plazo para suspender el suministro, una vez que se ha producido el impago. De esta forma, será posible actuar con mayor eficacia en la detección de los casos donde deban adoptarse medidas de atención social para atender a los hogares en peor situación. Aquellas personas que actualmente ya disponen del bono social lo podrán mantener durante seis meses sin necesidad de renovación, disfrutando así de un descuento en su factura durante todo el período invernal.
Además, en caso de impago, las compañías eléctricas deberán informar a los consumidores de la posibilidad de acogerse al bono social, sin asumir costes por el cambio de contrato. Se regula, igualmente, un mecanismo para evitar los cortes de suministro en los casos con mayor riesgo social. Aquellos consumidores vulnerables severos que estén siendo atendidos por los servicios sociales de una Administración autonómica o local que financie al menos el 50 por ciento del importe de su factura, debido a su especial protección, serán considerados como consumidores en riesgo de exclusión social.
Por último, García-Pelayo explica que “para acogerse a este bono social las personas interesadas deberán solicitarlo y aportar la documentación necesaria directamente a la empresa eléctrica con la que tengan contrato y luego, serán estas empresas las que comprobarán los datos mediante una aplicación específica que lanzará la Agencia Tributaria, facilitando así todos los trámites". Finalmente, la también presidenta local del PP de Jerez, ha puesto en valor que “este conjunto de medidas que beneficiarán a más de 6.000 familias jerezanas, surgen del trabajo y el compromiso del Partido Popular con las personas más vulnerables, pero también del consenso y la colaboración de diversas fuerzas políticas”.
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