“Nos han hecho vivir en un Matrix tributario. Hay una tributación, sobre todo la local, en la que la progresividad no existe, o existe muy poco”, expone el abogado José Cepero, especializado en derecho tributario, administrativo y mercantil, un sevillano que reside en Jerez desde hace más de dos décadas y que hace unos meses consiguió que se declarara inconstitucional el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalía, que se aplica cuando se produce una operación de compraventa y aumenta el valor de los terrenos. Eso sobre el papel, porque en la práctica se cobra en todos los casos. Especialmente doloso fue el de una promotora, cliente de Cepero, que construyó 73 viviendas en el año 2003 y que, tras venderlas por la mitad de lo que le costó, tuvo que liquidar el impuesto de plusvalías. Fue entonces cuando el bufete jerezano interpuso una cuestión de inconstitucionalidad ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Jerez para su elevación al Supremo.
“Estas cosas surgen de la necesidad, que dicen que agudiza el ingenio, pues de ese ingenio surge la idea de inventarnos la inconstitucionalidad de la plusvalía”, señala Cepero, durante una jornada organizada por la inmobiliaria Mistercasa, celebrada en la Cámara de Comercio de Jerez. “Cuando hay algo nuevo, los que no han caído antes que tú, primero suelen mofarse un poco, y luego se arrogan el éxito con faldones en los diarios y plataformas en internet”, reseña el abogado, que añade entre bromas: “Se me ocurrió entre bulería y bulería”. Y luego se pone serio para añadir: “Yo no he trabajado ni trabajaré de cara a la galería, trabajo para mis clientes”. Por eso, aunque es consciente de que se ha ganado enemigos con su “victoria” ante las plusvalías, que pueden mermar las arcas municipales de los ayuntamientos de toda España, es tajante al contestar: “Mientras se han arruinado los ciudadanos nadie se rasgaba las vestiduras, ahora que no se las rasguen los ayuntamientos, su ruina no es más que la suma de la ruina de muchos ciudadanos”.
José Cepero, con Francisco Escot, gerente de Mistercasa, durante el acto. FOTO: MANU GARCÍA.
El letrado ha visto pasar por su bufete casos de todo tipo: “Hay gente que ha tenido que pedir préstamos para pagar el impuesto de plusvalía, o quien ha tenido que vender un segundo inmueble”. La jornada celebrada en la Cámara sirve para que muchos ciudadanos solventen dudas y puedan preguntarle a Cepero por sus casos particulares. Él ha visto algunos en los que, por ejemplo, un propietario que ha vendido una vivienda por 34.000 euros ha tenido que pagar 11.500 euros de plusvalía, un impuesto que se calcula en función del valor catastral de la propiedad, y que el abogado estima que se sitúa en torno al 10% de esta cifra.
“Hay casos muy sangrantes”, reseña Cepero, quien pone un ejemplo: “Se puede dar el caso de que te compraras una vivienda por 100.000 euros, que ahora tiene un valor catastral de 50.000 euros, pero tienes una deuda de 30.000 euros y te la embargan, entonces pagarás plusvalía en función de los 50.000 euros, por lo que has perdido 70.000”. Por eso, dice, sostiene “la ilegalidad del impuesto”, ya que quiere conseguir su anulación, incluso con carácter retroactivo, para que se devuelva lo cobrado desde su implantación a principios de los años 80 del siglo pasado.
¿Son injustos algunos de los impuestos que hay en España? El abogado responde: “Hay impuestos injustos, pero por definición no lo son. ¿Qué entendemos por justo? Si entendemos contribuir de acuerdo a tu capacidad económica, deberíamos analizar el sistema tributario en su globalidad, lo que representa la carga fiscal para las personas normales y corrientes. Cabe una gran reflexión a nivel global”. Por eso recomienda a los asistentes al acto organizado por Mistercasa que, antes de abonar la plusvalía que les exija el Ayuntamiento, remitan un escrito aludiendo a la resolución del Tribunal Supremo, que a falta de norma estatal que lo regule, ya está provocando la devolución de plusvalías a ciudadanos que lo reclaman, y que afecta a unos 550.000 inmuebles en toda España, más de 12.500 de ellos en la provincia de Cádiz.
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