El Ayuntamiento de Jerez ha puesto en marcha el expediente para la declaración de la extinción de la concesión administrativa de la segunda planta del Palacio Villapanés, actualmente en manos de la Fundación San Pablo Andalucía (CEU), una universidad de la obra social de la Asociación Católica de Propagandistas. Este procedimiento se inicia debido "al incumplimiento por parte de esta entidad de las obligaciones contenidas en el acuerdo suscrito en 2018", explican desde el gobierno municipal
Una vez completado este proceso, el Ayuntamiento recuperará parte de un edificio de gran valor histórico y patrimonial. El objetivo es utilizar estos espacios en consonancia con la prioridad de aprovechar los equipamientos municipales y optimizar los recursos disponibles, adaptándolos a las necesidades actuales.
El citado convenio tenía como objeto la implantación de un centro de enseñanza reglada y oficial, si bien, y según el informe técnico elaborado desde la Delegación de Cultura, "la Fundación San Pablo Andalucía (CEU), desde el mes de marzo de 2021 hasta la fecha, no ha hecho uso alguno de la segunda planta del Palacio, y tampoco nos consta, que se haya realizado alguna actividad en fechas anteriores a la de emisión del citado informe".
La falta de actividad, que ya se extiende por más de dieciocho meses, constituye un incumplimiento esencial del convenio, que tiene como objetivo principal la implantación y ejercicio de un centro educativo, según especifica el informe.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que el Ayuntamiento revoca la cesión del Palacio Villapanés a la Fundación por motivos similares. En 1999, se firmó un acuerdo de colaboración que fue extinguido en 2009 debido al incumplimiento de las obligaciones, ordenando el desalojo del mismo. La Fundación interpuso recursos legales, pero finalmente, en 2018, se firmó un nuevo convenio, que nuevamente ha sido incumplido al no realizar ninguna actividad en este edificio emblemático para Jerez.
Según considera el Ayuntamiento, este incumplimiento se considera una causa de resolución del acuerdo de 2018, lo que hace procedente la extinción de la concesión administrativa sin derecho a indemnización alguna.
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