El PSOE de Jerez ha anunciado este pasado miércoles que llevará ante el Tribunal de Cuentas el pago de 10 millones de euros del Ayuntamiento de Jerez al Ministerio de Hacienda sin soporte presupuestario. Un abono que los socialistas consideran "ilegal" y que se efectuó, el pasado 15 de diciembre de 2023, a sabiendas de que no tenía crédito, "saltándose la Ley de Haciendas Locales".
La respuesta de la alcaldesa, María José García-Pelayo, no se ha hecho esperar, asegurando que se trata de una deuda financiera municipal con "prioridad absoluta" y, "si tenemos el dinero, le tenemos que pagar (a Hacienda) esté consignado o no esté consignado en el presupuesto". "Al PSOE de Jerez le molesta que haya orden y la ciudad avance, esperaban caos", ha arremetido la regidora del PP, ironizando con la oposición que está llevando a cabo el PSOE en la ciudad.
"Deberían hacer como Pedro Sánchez e irse al rincón de pensar", ha dicho en alusión a los cinco días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, al tiempo que ha añadido que el principal grupo de la oposición en la ciudad debe "valorar qué oposición está haciendo después de los resultados electorales del mes de mayo, que es verdad que son unos resultados muy recientes. Los jerezanos hablaron hace muy poquito tiempo y los ciudadanos siguen hablando y los ciudadanos lo que quieren es un gobierno que trabaja, una oposición constructiva, que critica con argumentos".
Una patata caliente que estalló al nuevo gobierno de Jerez
De hecho, en el caso de este pago a Hacienda, deviene de la amortización, inicialmente de 30 millones de euros, de deuda financiera comprometida para el pasado 2023 con el Ministerio, y que el anterior gobierno de Mamen Sánchez no consignó en presupuesto al estar prorrogados los de 2022.
Para más inri, el anterior ejecutivo socialista forzó a que el pago no se produjera en junio pasado, cuando estaba pactado, para evitar así el quebranto económico y financiero que habría supuesto para el Ayuntamiento jerezano —con las nóminas peligrando— en plena campaña de las pasadas municipales.
La patada adelante llegó hasta diciembre pasado y, gracias precisamente a las negociaciones del nuevo ejecutivo de Pelayo con Hacienda, se logró rebajar a unos 10 millones la amortización del pasado año, amortización que se abonó sin la referida consignación presupuestaria.
Muy molesta, la actual alcaldesa ha insistido: "Yo le pediría al Partido Socialista que se aclare y que nos diga si quiere que paguemos o que no paguemos la deuda del Ayuntamiento. Eso sería importante. Y sobre todo, que paguemos su deuda o que no la paguemos, ¿no? Eso es fundamental".
"El Ministerio de Hacienda era conocedor de las carencias de crédito que teníamos y, aun así, resolvió ordenándonos el pago", ha insistido Pelayo, que ha mostrado también el Informe de Tesorería que ordena la transferencia de la amortización financiera. "Entiendo, de verdad, que el PSOE esperaba que, una vez que hubo cambio de gobierno porque lo decidieron los ciudadanos por una mayoría absolutamente contrastada, esto fuera un caos y un desorden, pero lo que hay es orden y cumplimiento de las obligaciones, con una ciudad que avanza".