El juez que instruye la macrocausa judicial de corrupción en el PP recibe un sobre anónimo con un dossier y un pendrive que aportan nuevas pruebas de la relación del Ayuntamiento de Jerez y la red Correa en las presuntas contrataciones ilegales por valor de 214.000 euros que ordenó Pelayo como alcaldesa en 2004.
El juez Pablo Ruz trabaja a destajo desde el pasado 15 de diciembre en la 'pieza jerezana' de la trama Gürtel. Al magistrado le quedan unos cien días en el puesto y quiere dejar atada y cerrada la instrucción de una macrocausa judicial que ha troceado en cuatro partes, una de ellas la pieza separada 'Ayuntamiento de Jerez'. A la providencia en la que daba de plazo hasta este 31 de diciembre a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que le aporte el informe y valoración que le solicitó en marzo pasado sobre las presuntas contrataciones irregulares efectuadas por el Ayuntamiento de Jerez con empresas de la red Correa, suma nuevas pruebas que le llegaron anónimamente a la Audiencia nacional el pasado 15 de diciembre y que han hecho saltar todas las alarmas. Según publica el medio digital Vozpopuli.com, un sobre cerrado dirigido al juez Pablo Ruz llegaba la sede judicial albergando en su interior un dossier en soporte papel y un pendrive. El contenido apunta con claridad a la alcaldesa de Jerez y senadora del Partido Popular, María José García-Pelayo, a la que ya presuntamente la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) la implicaba directamente en el informe que en febrero pasado remitió al magistrado en relación con su participación en los contratos que se suscribieron con Special Events y Down Town Consulting para organizar diversos actos en la feria de Fitur 2004. En la pieza también cobra especial relevancia como intermediario entre el Ayuntamiento y las empresas de Correa el que fuera hombre de confianza de Javier Arenas, Isidro Cuberos. La primera medida que ha adoptado el magistrado es que dicha información se una a la 'pieza jerezana' de la Gürtel y, además, ha ordenado a la Policía Judicial y a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda) que elaboren sendos informes sobre dicho dossier. En una nueva providencia dictada por el magistrado, a la que ha tenido acceso el referido medio digital, el magistrado ordenaba también que el contenido del pendrive remitido por el informante anónimo fuese "clonado" por expertos policiales de la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) en presencia del secretario judicial para, posteriormente, remitir su contenido a la UDEF para su estudio. Ese proceso, publica Voz Pópuli, se realizó el pasado 17 de diciembre a las 10:30 horas, según consta en dicho documento judicial. Desde entonces, esta pequeña memoria informática permanece "precintada" y "custodiada" en sede policial.
Una de las contrataciones con empresas de Correa fue llevar el espectáculo ecuestre de la Real Escuela a la plaza Mayor de Madrid.
Como ya publicó La Voz del Sur, la pasada semana también dictó otra providencia en la que el juez instructor manda y firma: "Respecto de los informes pendientes de emisión por parte de la Unidad de Auxilio Judicial de la IGAE, requiérase a la misma para que proceda del modo siguiente: deberán ser presentados con antelación al próximo 31.12.14 los siguientes informes: Informe sobre la regularidad de la contratación seguida entre las sociedades y personas investigadas en relación con el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz)". En el encabezamiento de la providencia, el magistrado deja claro la necesidad de estos informes "al objeto de agilizar la instrucción en curso" y pone plazos muy concretos porque se trata de un "contenido indispensable para el avance de las actuaciones".
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