Montoro exige a la institución provincial y a los consistorios de Jerez, El Puerto y Chiclana a que acometan nuevos ajustes para reducir el periodo medio de pago a proveedores, que llega hasta nueve meses en algunos casos.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha remitido una carta a a trece ayuntamientos, entre ellos los gaditanos de Jerez, El Puerto y Chiclana, y a la Diputación de Cádiz, para que antes del próximo 20 de abril aprueben nuevos planes de ajustes que permitan poner fin a la morosidad que arrastran. Estas entidades locales, como publica este jueves El País, incumplieron durante todo el año pasado el plazo legal de pago, un tope fijado por la Ley de Estabilidad —creada en 2012 para consagrar la austeridad en las cuentas públicas— y la Ley contra la morosidad, que establece que las administraciones públicas deben pagar en un plazo inferior a 30 días, que empieza a contar al mes de recibir las facturas. En este sentido, si a los dos meses no se ha cumplido con los proveedores, las administraciones públicas infractoras han de elaborar un plan de tesorería que garantice los pagos en tiempo y forma.
Hacienda recuerda en la misiva enviada a los alcaldes e interventores, como recoge el diario generalista, "como estos Ayuntamientos ya tuvieron que presentar un plan de ajuste en el tercer trimestre del año pasado. Y aún así no han enmendado su situación. Jerez, Gandía, Parla, Algeciras, Telde o Jaén tardan más de nueve meses en pagar a sus proveedores". En el caso de Jerez, el periodo medio de pago se sitúa en 265,97 días; El Puerto tarda 118,91 días; Chiclana, 191,86, mientras que Diputación no cumple con sus compromisos de pago hasta pasados 125,6 días desde la emisión de la factura.
"A pesar de la actualización de su plan de tesorería y de su aplicación durante noviembre y diciembre de 2017 (publicado en marzo) el periodo medio de pago siguió incurso en el supuesto de morosidad de la Ley de Estabilidad al ser superior en más de 30 días", explica Belén Navarro la secretaria general de financiación autonómica y local en la carta remitida por Hacienda y de la que se hace eco El País.
Hacienda obliga al interventor a que en el plazo de 15 días envíe una alerta al órgano de tutela competente —la Junta de Andalucía para los Ayuntamientos andaluces y Hacienda para los Consistorios madrileños y canarios—. En caso de que no acometer nuevos ajustes que reduzcan el plazo medio de pago a proveedores, advierten desde la cartera que dirige el popular Cristóbal Montoro, "se procederá a la intervención de sus recursos para que Hacienda pague directamente a los proveedores a cuenta de los fondos que les correspondan a esas ciudades por la financiación local. Además, se les obligará a adherirse al fondo de ordenación, unas líneas de crédito del Gobierno que exigen unos requisitos de información y ajustes adicionales".
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