En marzo de 2016, cinco trabajadores entraron a trabajar como peones en el Ayuntamiento de Puente Genil para unas obras sufragadas por Diputación de Córdoba, a cargo de un programa de inversiones para los municipios de la provincia que finalizaba en diciembre del mismo año. Lo que en un principio iban a ser nueve meses de trabajo se convierten en veinte porque a nadie del Ayuntamiento de Puente Genil, gobernado con mayoría absoluta por el socialista Estebán Morales, se le ocurre notificarle a los trabajadores que las obras han terminado y que, por tanto, sus contratos, que son por obra o servicio y con la categoría de peones, también.
El 2 de noviembre de 2017, veinte meses después de comenzar a trabajar los peones, la interventora, la funcionaria encargada de fiscalizar las cuentas municipales, elabora un informe en el que dice que no hay crédito presupuestario para el pago de las nóminas de los cinco peones que llevan once meses trabajando más de lo debido por ‘error’ del Gobierno municipal, quien no ha caído en la cuenta decirle a los cinco empleados que las obras y servicios para las que fueron contratados han terminado.
El 16 de noviembre de 2017, según la sentencia del Juzgado de lo Social Número 1 de Córdoba, los cincos trabajadores acuden al Ayuntamiento de Puente Genil a reclamar que se les reconozca que son trabajadores indefinidos no fijos. Nadie sabe cómo se han enterado los trabajadores del informe de la interventora, pero el caso es que acuden a la Delegación de Personal, cuya responsable es Verónica Morillo, a exigir vía administrativa que el contrato cambie por obras y servicios a indefinidos no fijos, argumentando fraude de ley en la contratación. Pocos días después, con once meses de retrasos, los trabajadores son despedidos y denuncian al Ayuntamiento.
“No se explica que ante una situación contractual sin complejidad jurídica para su análisis se espere varios meses y se tome la decisión del despido después de que los trabajadores reclamaran frente al Ayuntamiento”, explica el Juzgado de lo Social Número 1 de Córdoba en la sentencia que le da la razón a los trabajadores y por la cual han tenido que ser readmitidos como peones indefinidos fijos al considerarse que los despidos son nulos.
Así, los cinco trabajadores son ya fijos hasta que el Ayuntamiento de Puente Genil decida sacar a oposición las plazas, cosa que puede no ocurrir nunca, del mismo que estos trabajadores fijos por ‘error’ se pueden eternizar en la función pública. De un contrato por obra y servicio de nueve meses a fijos sin oposición y por 'error'. El sueño de todo opositor o de cualquier persona desempleada.
Lo normal en estos casos es que la parte demandada, en este caso el Ayuntamiento de Puente Genil, hubiese recurrido la sentencia, emitida en mayo y contra la que cabía recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Sin embargo, no ha sido así, el Consistorio cordobés ha dejado pasar los quince días disponibles para interponer recurso ante el Alto Tribunal andaluz y no ha pleiteado. Este hecho es el que ha hecho levantar todas las alarmas a los partidos de la oposición en el municipio cordobés.
Vinculación con el PSOE
“Lo han hecho todo tan bien que ha sido un error aunque parece enchufismo”, señala el portavoz de Izquierda Unida en el municipio cordobés, Jesús David Sánchez, quien asegura que varios de los trabajadores son afiliados al PSOE y han llegado a participar activamente en diversas campañas electorales en el municipio. La coalición de izquierdas está elaborando un escrito con los hechos probados para presentarlo ante la Fiscalía.
Fuentes del grupo municipal del PP el Ayuntamiento de Puente Genil han confirmado también a este periódico que es de “conocimiento público” que entre los cinco trabajadores hay militantes socialistas. Sergio Velasco, presidente del PP local, considera que el caso es “bastante llamativo” porque significa que existe una “evidente falta de control” en la contratación municipal. Al contrario que IU, el PP no tiene aún decidido si acudirá a los tribunales: “Estamos recabando toda la información posible y ya veremos qué hacemos, es lo único que podemos decir”, aclara el líder popular de la localidad.
El Ayuntamiento no responde
Este periódico ha intentado hablar con la delegada de Personal del Ayuntamiento de Puente Genil, Verónica Morillo, aunque sin éxito. En una escueta conversación telefónica en la que no ha admitido ninguna pregunta al respecto, la concejala socialista nos ha remitido al gabinete de prensa que aseguró este lunes que emitiría una nota de prensa que aún seguimos esperando para conocer de primera mano la versión municipal y el porqué no han recurrido la sentencia para defender la igualdad de acceso de todos los trabajadores a la función pública.
Preguntada en el pleno por Izquierda Unida, la delegada de Personal evitó imputar ninguna responsabilidad política a un miembro del Gobierno municipal por el extraño ‘error’ de no notificar en fecha y forma a los cinco trabajadores que debían abandonar sus puestos una vez finalizadas las obras para las que fueron contratados.
Por su parte, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, aseguró en sesión plenaria que “las sentencias en este país se respetan y se acatan, no se discuten”, dijo para evitar explicar la razón por la que el Consistorio no recurre una decisión judicial que costará a los ciudadanos del municipio cordobés 83.000 euros al año por un error que para la oposición es un “perfecto enchufismo”, en palabras de Jesús David Sánchez, portavoz de IU