Varapalo al Ayuntamiento de Jerez: el juzgado no tumba la paralización de las obras de Esteve ordenada por la Junta

Deja la puerta abierta al Consistorio para asegurar la zona, pero no avala que continuara las obras. "Nos dan la razón", asegura el delegado de Urbanismo

La reapertura parcial del tráfico rodado en el eje de Esteve-Corredera, recientemente.
La reapertura parcial del tráfico rodado en el eje de Esteve-Corredera, recientemente. MANU GARCÍA

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Cádiz ha dictaminado en un auto fechado este lunes que la orden de la Junta de Andalucía para la paralización de las obras del eje de Corredera-Esteve continúe en vigor. El Ayuntamiento de Jerez solicitó medidas cautelares amparándose en los daños que produciría para vecino y comerciantes parar las obras cuando se lo pidió la Junta, en sendas órdenes de 1 de junio y 7 de julio.

Este auto no entra en el fondo del asunto, un litigio que versa sobre dos cuestiones: que la decisión sobre las obras está delegada al Ayuntamiento a pesar de ser un entorno de Bien de Interés Cultural y si el adoquín puede ser "demolido" y es parte de un bien inmueble, lo que eleva la protección. Lo que sí dice el auto es que, como el juzgado no tiene todos los datos, y es una solicitud de medidas cautelares, a la pregunta de si es mayor el interés de vecinos y comerciantes para que no quede la obra empantanada y el de protección del patrimonio histórico que puede ser irrecuperable si proseguían las obras, pesa más lo segundo y, por tanto, no suspende la orden de la Junta. Ésta, además, implicaba parar las obras hasta que estuviera claro qué hacer, por lo que su orden venía a señalar que existía peligro para el patrimonio histórico de no ordenarse rápido su suspensión.

"En este sentido y aunque efectivamente la suspensión de unas obras sobre el viario público conlleva unas molestias al vecindario y también a las actividades económicas, lo cierto es que ello hay que compararlo con el daño que la continuación de las obras pueden ocasionar al patrimonio protegido, y en una valoración circunstanciada no cabe más que entender que ha sido la falta de entendimiento entre las Administraciones implicadas lo que ha llevado a la situación actual, sin que se pueda pretender que esa incapacidad de coordinación en pro del bien común, pueda ser sustituida por una resolución judicial a favor de una de las partes, y ello además de forma indiciaria, sin entrar a analizar el fondo de las cuestiones que se dirimirán en este recurso contencioso-administrativo", dice el auto.

A ese tenor, tira de las orejas al Ayuntamiento por haber comenzado las obras sin llegar a un consenso previo. Pero sí le da una vía de escape para que reaccione el Gobierno local. El auto dice que se cumpla la orden de paralización de la Junta "sin perjuicio del derecho y deber del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera de evitar situaciones de riesgo de la población, adoptando aquellas medidas necesarias en relación con el estado de las obras". 

La lectura literal resulta amplia. Y por eso el Ayuntamiento  es, como poco, de una visión amplísima de lo que dice el auto. "En el auto se refleja que es un derecho y un deber del Ayuntamiento de Jerez tomar las medidas encaminadas a reducir el riesgo que pueda causar esta provisionalidad a la ciudadanía en las obras de Corredera-Esteve, por tanto la actuación de asfaltado que hemos realizado ha sido con responsabilidad y sentido común”, explica José Antonio Díaz, delegado de Urbanismo. Dicho esto, una parte de las obras se ha culminado durante el verano y la situación empieza a ser todo un barullo que irá a los juzgados con dos posiciones de difícil acercamiento.

La posición oficial del Ayuntamiento de Jerez es que se "ha visto avalada" su actuación. “La jueza pone de manifesto que es un tema crítico, que no es una cuestión clara y no existen pronunciamientos judiciales con anterioridad, que demuestra la complejidad del caso. No hay ayuntamientos que hayan tenido problemas con administración autonómica por obras de urbanización y, por tanto, apela al entendimiento entre administraciones”, ha indicado Díaz. En realidad, el auto se refiere a que no ha habido pronunciamientos sobre este respecto porque aún no le consta la judicialización del fondo del asunto, pues, hay que insistir, esto son medidas cautelares.

“Eso es lo que estamos diciendo desde hace varias semanas, y a ello responde nuestra petición de una reunión con la Junta, para dar con esa solución pactada para resolver la situación”, señala el teniente de alcaldesa.

Sobre el autor:

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Pablo Fdez. Quintanilla

Subdirector de lavozdelsur.es. Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz, licenciado en Periodismo y Máster en Comunicación Institucional y Política por la Universidad de Sevilla. Comencé mi trayectoria en cabeceras de Grupo Joly, con varios años de experiencia también en empresas de marketing.

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