Los pisos son propiedad de la Fundación Jerezana de la Santa Caridad, que les pide una cantidad de dinero y en caso de no pagar deberán dejar la vivienda "vacía, libre, expedita y a disposición de esta Fundacion en el improrrogable de 15 días", según reza en una carta remitida por esta entidad. Las inquilinas, mujeres mayores, la mayoría de ellas viudas, aseguran que las hacen firmar "papeles en blanco" y que las están presionando para que dejen las viviendas
Desde hace unos tres meses, las residentes de este bloque de tres plantas en el que hay en torno a unas 60 viviendas, en la que residen mujeres viudas con escasos recursos económicos, reciben periódicamente la visita de una asistenta social. La asistenta, según el relato de algunas vecinas, las obliga a firmar documentos sin explicarles el motivo. "No nos dan copia de lo que hemos firmado y a una vecina (Antonia) la hicieron firmar un papel en blanco", comenta Rosa. Con fecha de 9 de mayo, la Fundación remitió una carta a las residentes en la que las instaba a aceptar las "normas reguladoras para sus acogidas y que entraron en vigor el pasado día 1 de enero de 2014". Esta carta cita textualmente: "En visita que le fue realizada hace varios meses por responsables de la Fundación le fue entregado, en mano, escrito que contenía las referidas Normas. Según me informan después de firmar el mencionado escrito dando su expresa conformidad a las mismas y a su colaboración económica nos exigió le fuera devuelto, lo que así se hizo". Según las propias afectadas esta última frase no es cierta, ya que "a los dos días de entregarnos la carta vinieron por ella para quitárnosla".
La misiva, firmada por el párroco Miguel Ángel Montero Jordi, presidente de la Fundación, continúa: "Igualmente me informan que reiteradamente y de forma desconsiderada se viene negando a entregar firmado el escrito antes indicado dando su aceptación a las Normas Reguladoras de las acogidas de la Fundación [...] De persistir en su postura el Patronato que presido, bien a su pesar, se vería obligado a adoptar la decisión de que la vivienda que en su día le fue cedida para su alojamiento permanente debería quedar vacía, libre, expedita y a disposición de esta Fundacion en el improrrogable de 15 días". El plazo se cumple este sábado 24 de mayo, por lo que las inquilinas están "con las carnes abiertas". "El cura que nos visitó —comenta Rosa— nos dijo que debíamos hacer una pequeña aportación. Yo pensaba que sería de 20 o 30 euros al mes, pero a mí me piden 45 y hay una vecina a la que le han pedido 90 euros porque tiene dos pagas, la de ella y la del marido". También denuncian que en las visitas que han recibido les piden "autorizaciones" para acceder a sus cuentas bancarias.
En los pisos, de apenas 50 metros cuadrados, todo es muy angosto. Nada más entrar está la cocina, que cuenta con un par de muebles, un fregadero y un pequeño hornillo. El frigorífico, por falta de espacio, está en un pequeño habitáculo contiguo a la cocina y que da a un balcón. Descorriendo una cortina (no cabe una puerta) se accede al salón, en el que una mesa, un sillón, varias sillas y un pequeño mueble con la televisión componen todo el mobiliario. El único dormitorio de la vivienda está en la otra dirección, entrando a la izquierda. Una cama pegada a la pared, varios cuadros de sus hijos, un armario y una peinadora adornan la estancia. Rosa añade: "Últimamente apenas puedo dormir, por debajo de la puerta (que da al lavadero) entran cucarachas y acabo durmiendo en el salón". Al cuarto de baño, adyacente al dormitorio, se accede sorteando un gran escalón, teniendo en cuenta que estos pisos fueron construidos para personas mayores. "Hay quien cuenta que aquí se mató una mujer intentando subirlo", relata. Angustiada por la posibilidad de verse en la calle apunta: "Si pudiera no estaba viviendo aquí, mira cómo vivo... Entre comer, pagar un pequeño préstamo, ayudar a mi hijo, pagar la luz... no me llega. Todavía tengo ahí el recibo de este mes que no lo he pagado porque no he podido, bien lo sabe Dios".