Propietarios del complejo residencial de titularidad municipal aseguran que algunos okupas crean conflicto: "Ahí no se pueden quedar".
“Desde un principio nos han dado coba”, dice Juan Carlos, uno de los propietarios de una vivienda en residencial Calipso, donde hay cerca de una veintena de okupas que piden a Emuvijesa, la empresa municipal de vivienda, un alquiler social como solución al desalojo inminente que pesa sobre sus cabezas. Benito y José Manuel, dos de los residentes ilegales, decidieron acampar frente al Ayuntamiento para protestar e intentar regularizar su situación, pero la sociedad que gestiona las casas, tras sucederse conflictos y enfrentamientos entre vecinos, decidió llevar a los tribunales el caso y ya se han celebrado los primeros juicios.
"La anterior alcaldesa, Pelayo, nos engañó a propietarios e inquilinos, y nos dijo: firma ahí que no pasa nada, que no te echa nadie, y ahora nos encontramos con esto", señala Juan Carlos, que añade: “Todos tienen derecho a tener una casa, pero por derecho, no imponiendo”. Él, después de tres años en paro, cobra los 426 euros de la ayuda familiar y sigue pagando su hipoteca —mensualidades de 275 euros— como puede. Lleva tiempo sin pincharse —es diabético— porque no puede costearse la insulina —“también soy hipertenso y me dan infartos”—. Juan Carlos y su mujer dieron una entrada de 4.000 euros y comenzaron pagando algo más de 400 euros de hipoteca y luego, por una bonificación, le rebajaron la cuota. “No me llega para comer, tengo la nevera vacía, no tengo bombona…”, enumera este propietario de Calipso, que asegura que en el complejo residencial hay “gente que se porta bien y gente que se porta mal”. Eso sí, no quiere que los dejen en la calle —"yo también estoy en contra de los desahucios"—, sino que "les asignen una vivienda en otro sitio; nadie tiene que estar durmiendo en la calle, y menos con niños chicos".
Juan Carlos asegura que no puede vender el piso, por eso no abandona la vivienda, como sí han hecho otros inquilinos que estaban de alquiler. “Aquí han venido a buscar a gente con pistolas, con hachas… eso está denunciado”, cuenta, y señala que hay quien “vende droga”. “Quiero justicia”, dice este propietario, que añade: “No digo que todos sean iguales, pero muchos sí”, por eso pide una cosa a los okupas: "Que se pongan en nuestro lugar”. “No como, el dinero que cojo es para pagar facturas, pero prefiero tener un techo y estar desmayado”, asegura. “Llevo cinco años aquí y tres durmiendo en el suelo, en un colchón, para tener esta casa. También he sido okupa por necesidad, y porque me alquilaron una vivienda que estaba fatal, con mucha humedad, pero ahora estoy pasando fatiga y pagando como puedo”, dice Juan Carlos, que señala que ha pedido a su banco cinco años de carencia para su hipoteca y no se la ha concedido. "Hemos tocado fondo, muchas veces me dan de comer otros inquilinos, el pan me lo traía una muchacha", cuenta.
Otro propietario, que prefiere no dar su nombre, critica que uno de los okupas protagonizó un incidente hace unos meses, cuando intentando engancharse ilegalmente al suministro eléctrico uno de los edificios del residencial Calipso se quedó sin luz durante ocho horas. “Muchos niños pequeños se quedaron sin desayunar por ese apagón”, señala este vecino, quien asegura que en la zona “te amenazan constantemente, hay peleas, gritos y un gran trasiego de personas”. Este residente asegura que la comunidad de propietarios va a costear la instalación de puertas antiokupas en los cuartos de contadores para evitar que los inquilinos ilegales enganchen de forma clandestina el agua y la luz, lo que les supondrá un desembolso cercano a los 8.000 euros. “Ahí no se pueden quedar, merecemos un respeto”, señala este propietario, que dice sin tapujos: “Si estuviese de alquiler me hubiese ido, pero me quedan 20 años de hipoteca”.