El alcalde de Espera, Pedro Romero (IU), ha renunciado temporalmente al cargo en un pleno celebrado este pasado martes. Tras ser inhabilitado a cuatro meses y medio para el desempeño de su puesto como regidor de la localidad serrana, donde viene empuñando el bastón de mando en los últimos 19 años.
El motivo de la inhabilitación es por desobediencia judicial en el caso del cierre de una chatarrería que causaba gran malestar entre los vecinos del pueblo. El Juzgado mandó el pasado 23 de diciembre un exhorto al alcalde de Espera para que se ejecute la sentencia que lo inhabilita en el cargo, si bien no ha sido hasta este pasado 8 de marzo cuando ha renunciado de forma oficial.
Será Tamara Lozano, licenciada en Derecho y número dos en la lista con la que IU en Espera concurrió a las pasadas elecciones municipales, la que le releve al frente del Consistorio espereño, en un pleno que será convocado en próximas fechas (hay un margen de diez días para la investidura de la nueva alcaldesa de la localidad). IU cuenta con 9 de los 11 ediles que tiene la Corporación de un municipio con casi 4.000 vecinos y vecinas.
Además de la inhabilitación, Pedro Romero ha tenido que pagar una multa de 816 euros, que ya ha saldado, por el litigio que mantuvo con la citada chatarrería. En un acto reciente en el pueblo, los convecinos de Romero le apoyaron con mensajes de ánimo y pancartas en las que rezaba: Ánimo Pedro, Espera está contigo.
Asimismo, lavozdelsur.es ha podido confirmar que Romero mantendrá su acta de concejal, por lo que cuando quede zanjada la inhabilitación es probable no solo que recupere el bastón de Alcaldía, sino que se presente a las próximas municipales de 2023. No obstante, el principal escollo está en la otra condena que pesa sobre el regidor. El alcalde de Espera mantiene con los tribunales otro proceso.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Jerez, lo condenó en julio del pasado año a ocho años y seis meses de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación administrativa en relación a tres contrataciones realizadas en los años 2011 y 2015. Como está publicado, Romero anunció entonces que recurriría esta sentencia contra la que cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
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