Desde que en 2015 se denunciara el arranque de tarajes y el desvío del arroyo Salado, aún no ha sido restaurada la realidad física alterada a pesar de los innumerables escritos de Ecologistas en Acción y la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, con dos informes demoledores por la falta de colaboración de la Junta de Andalucía.
Ecologistas en Acción y la Asociación La Base Natural y Cultural de Rota, denunciamos ante el Seprona de la Guardia Civil y la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Cádiz, el arranque de numerosos tarajes y el desvío del cauce del arroyo Salado en el límite de los términos municipales de El Puerto y Rota.
Como consecuencia de la denuncia, la Junta abrió expediente sancionador contra las entidades "Comunidad de Regantes Costa Noreste de Cádiz" e "Hispano Holandesa Retorno Andaluz S.C.A.", recayendo un año más tarde sanción a la primera de 600 € y la obligación de la eliminación de los residuos y la restitución del terreno a su estado original, y a la segunda una sanción de 3.000 € y la obligación de la restauración del antiguo cauce del arroyo.
Ecologistas en Acción solicitó entonces la personación en el expediente por considerar que estaba legitimado, pero recibió la negativa como respuesta, no dándonos acceso al expediente; no obstante, se nos comunica que la sanción fue recurrida por ambas entidades.
Pero ante la tardanza en la resolución de los expedientes, esta Asociación acude en mayo de 2018 ante el Defensor del Pueblo Andaluz, reclamando información del recurso y la ejecución de la resolución sancionadora. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible hace oídos sordos ante los numerosos requerimientos del Defensor del Pueblo, y no es hasta enero de 2020 (22 meses después) cuando emite informe en el sentido que es en abril 2019 cuando se resuelven los dos recursos planteados, es decir, tres años después de la resolución del expediente y seguramente por la intervención de Ecologistas en Acción ante el Defensor del Pueblo Andaluz, ya que de lo contrario dormiría en el sueño de los justos, como ya ha pasado en otros expedientes.
En cualquier caso, como consecuencia de la tardanza en la resolución de los recursos, prescribe una de las sanciones impuestas, pero se mantiene la obligatoriedad de restaurar la realidad física alterada.
No obstante, aquí no acaba la inactividad y dilaciones a las que nos tiene acostumbrada la administración autonómica. Conscientes de que el cauce del arroyo Salado no había sido repuesto, en enero de 2020 solicitamos informe al respecto a la Viceconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que nos indica que la responsabilidad del seguimiento del cumplimiento de la sanción recaída es de la Delegación Territorial de Cádiz, que nuevamente no responde a nuestro escrito de julio 2020, por lo que de nuevo nos vemos obligados a acudir en julio de 2021 ante el Defensor del Pueblo Andaluz, que de nuevo hubo de requerir información en varias ocasiones a la administración autonómica, hasta el punto de recriminarle la obligación de resolver según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por fin, recientemente se ha recibido a través del Defensor del Pueblo, informe de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de Cádiz, mediante el que se reconoce que a fecha actual (tres años después de la firmeza de la sanción y cinco después de los hechos), aún no ha sido restaurado el arroyo Salado a su estado original ni la reposición de los tarajes arrancados.