Ecologistas en Acción ha denunciado a la Intervención municipal que el Ayuntamiento de El Puerto no realiza las preceptivas inspecciones a las contratas municipales para verificar la ejecución de los servicios contratados, y sin embargo se les paga puntualmente los 23,9 millones de euros anuales por los contratos adjudicados.
Ante la evidencia de que en algunas contratas no se estaba cumpliendo con el pliego de condiciones respectivo, según la organización conservacionista, el pasado mes de septiembre Ecologistas en Acción dirigió un escrito al alcalde solicitando que se nos aportaran los informes de inspección municipal realizados sobre los siguientes contratos: recogida de basura (empresa FCC), con los informes del periodo 2017-2020; limpieza viaria (FCC), con los informes del periodo 2017-2020; gestión Integral del Paisaje Urbano (Urbaser), con los informes del periodo 2015-2020; Centro de Educación Ambiental y Actividades en la Naturaleza (FCC); Ampesa, con los informes del periodo 2014 a 2020 tanto de la Inspección y Control del Servicio del Ciclo Integral del Agua, como de las concesiones a Aqualia de la EDAR Las Galeras y del mantenimiento de la red de alcantarillado.
"La respuesta que recibimos del Ayuntamiento, mediante Decreto firmado por Francisco Javier Bello, Teniente de Alcalde Delegado de Innovación, Comunicación, Administración Electrónica, no puede ser más sorprendente: debido al volumen y complejidad de la información solicitada, se procedió a ampliar el plazo de resolución un mes más, a añadir al mes de que disponía el Ayuntamiento para contestar. Pues bien, transcurrido ese plazo extra para recopilar esa información tan “voluminosa y compleja”, nos responde que: En la actualidad no se realizan informes de inspección municipal como tal sobre las contratas. Las inspecciones que se realizan sobre las mismas son de carácter presencial en las instalaciones de las empresas y, en su caso, en la vía pública donde llevan a cabo sus actuaciones, así como de carácter administrativo. Dichas inspecciones pueden dar lugar, según el caso, desde los servicios competentes al dictado de instrucciones y órdenes verbales o por vía telemática”.
O sea, como reconoce el propio Consistorio, "no hay un sólo informe por escrito que certifique el cumplimiento de los servicios contratados con las empresas anteriormente relacionadas, y que sin embargo cobran por esos servicios no constatados la ingente cantidad de 23.939.632 euros anuales del presupuesto municipal".
Una vez revisados los pliegos elaborados por el ayuntamiento para fijar las condiciones que deben regir la ejecución de los diferentes contratos firmados por las empresas adjudicatarias, "hemos podido constatar que es obligación del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible designar a la Inspección Municipal que velará por el adecuado control del cumplimiento de las prestaciones convenidas en el contrato”. Los cometidos de la Inspección Municipal son “Controlar que las labores se efectúen oportunamente y en la forma estipulada en este pliego. Todo ello, con la finalidad de detectar los posibles incumplimientos o irregularidades en la prestación del servicio. Efectuando revisiones frecuentes tanto en las instalaciones fijas como en la vía pública”. La inspección municipal también tiene que “Diligenciar todas las certificaciones mensuales que se produzcan como consecuencia del contrato, una vez comprobada la ejecución de los trabajos contratados”.
"No consta que esas inspecciones y verificaciones se estén realizando en las contratas mencionadas", ha aludido desde Ecologistas en Acción, quienes resaltan que, en el caso del contrato con Aqualia Gestión Integral del Agua S.A., la Inspección y Control de Servicio del Ciclo Integral del Agua que presta al Ayuntamiento corresponde a la Delegación de Obras y Mantenimiento Urbano, correspondiendo el control medioambiental de la depuradora al Área de Medio Ambiente. Consta sólo un acta de inspección del Jefe de Servicio de Infraestructuras, de febrero de 2017, que "detectó tres incumplimientos graves y cuatro muy graves". El Ayuntamiento, según recuerdan, "incoó ocho expedientes sancionadores, que se dejaron caducar. No constan informes de seguimiento del funcionamiento de la EDAR Las Galeras por parte del Área de Medio Ambiente, a pesar de las numerosas denuncias presentadas por Ecologistas en Acción".
Los pagos a empresas por obras y servicios de los que no se comprueban su ejecución, vulnera la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que determina que “la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados…”, y que “El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación”.
Ante la gravedad del hecho de que se venga pagando a empresas adjudicatarias de servicios municipales 23.939.632 euros cada año, sin verificar el cumplimiento de lo contratado, se ha solicitado a la interventora del Ayuntamiento se nos informe si ha solicitado a los servicios municipales correspondientes los informes de inspección que certifiquen el cumplimiento de los contratos relacionados anteriormente, así como los mecanismos de que dispone la Intervención municipal para comprobar el cumplimiento de las condiciones de los contratos con anterioridad a la realización de los pagos correspondientes. "Entendemos que el alcalde debe dar explicaciones públicas ante este uso descontrolado de dinero público, y por la falta de verificación de los contratos municipales que pagamos toda la población", han zanjado desde Ecologistas en Acción.