El sindicato de profesores Ustea ha vuelto a llamar la atención por la presencia de amianto en los centros educativos. Según manifiesta, la Junta actúa sobre materiales con amianto en colegios del Campo de Gibraltar en época escolar y en horario lectivo y, en lugar de retirarlo, lo deja en las instalaciones "revestido y encapsulado".
Los centros en los que se están encapsulando los pilares son el CEIP San Isidro Labrador de Los Barrios, el CEIP Guzmán el Bueno de Tarifa y los colegios de La Línea de la Concepción, Pedro Simón Abril y Ntra. Sra. de las Mercedes. Dichos centros se incluyeron en el Plan de Infraestructuras de 2021, en el apartado retirada de amianto, con la descripción Sustitución de pilares de porche y con un presupuesto estimado de 20.000 euros cada centro.
Según recuerda el sindicato, la consejería de Educación está llevando a cabo obras en estos centros con el fin de encapsular los pilares de los porches que tienen amianto. "La retirada progresiva del fibrocemento en los centros educativos públicos es una obligación de la Junta de Andalucía, que en 2016 acordó y publicó en el BOJA el calendario para tener completada esta retirada el 31 de diciembre de 2022", señalan.
En este acuerdo, que aprobaba la planificación de la retirada progresiva del amianto, se establece literalmente el siguiente criterio: las actuaciones que requieran la intervención sobre elementos constructivos que contengan amianto deben tener un alcance ejecutable en época no lectiva, dada la imposibilidad técnica y legal de trabajar sobre los mismos en época escolar.
Ustea explica que la retirada del amianto en los centros elimina el problema de raíz y avisa de que encapsularlo reduce la posibilidad de librar las fibras cancerígenas del fibrocemento, pero es una solución temporal que supone alargar el problema unos años. "Por ley tiene que ser eliminado para el año 2028, se podría entender que la actuación de la Consejería es una alternativa viable, rápida y legal para alargar la vida útil de dicho material y así ahorrar costes, ya que el encapsulamiento es más barato que la retirada, pero esta actuación se debería haber realizado hace años en época no lectiva", sostiene.
El amianto se prohibió totalmente en 2002, pero donde ya estaba instalado se dejó su uso hasta su eliminación o el fin de su vida útil. El Parlamento europeo aclaró en una Resolución de 14 de marzo de 2013, que se estima que los materiales con amianto poseen habitualmente un ciclo de vida de entre 30 y 50 años.
El sindicato apunta que todos los centros donde se está encapsulando el amianto tienen más de 50 años de antigüedad, por lo que su vida útil ha concluido y lo único que procede es la retirada de dicho material. Así, rechazan que la Junta se intente acoger a la denominada nueva ley del amianto, la ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. "Lo único que va a permitir es alargar un poco más la retirada, ya que establece que en todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028", comenta.
Ustea Cádiz reclama a Isabel Paredes, delegada provincial de Desarrollo Educativo, que deje de jugar con la salud de toda la comunidad educativa y que retiren de forma definitiva y segura el amianto de estos centros educativos. "De salud entendemos que sabe, ya que ha sido anteriormente delegada de Sanidad", añade.
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