Los miembros del equipo de seguridad de la Residencia de Tiempo Libre de La Línea llevan sin cobrar desde el pasado mes de mayo. Según han denunciado, a mediados de agosto aún no han recibido las nóminas de junio y julio. Tal y como señalan fuentes de los trabajadores, su situación es complicada desde el año 2022, cuando se fueron produciendo retrasos puntuales en los pagos, que han culminado en dos meses sin recibir los pagos.
"Esta situación es insostenible e incomprensible", señalan las citadas fuentes. Este centro es dependiente de la Junta y la empresa concesionaria, GFS Security, ha firmado la renovación con el Gobierno andaluz de los citados servicios hace relativamente poco tiempo. Según estas fuentes, no ha habido ningún retraso de la Junta en el pago a la empresa, y, sin embargo, esta estaría incumpliendo con la plantilla.
La Junta de Andalucía, consultada por lavozdelsur.es, ha explicado que ya ha iniciado el procedimiento para romper con GFS Security debido a "los incumplimientos" en los que ha caído la empresa, con sede en la Comunidad Valenciana. "Está en trámite", explican fuentes del Gobierno andaluz en Cádiz, que reiteran que la citada empresa "está incumpliendo lo estipulado".
Según fuentes de los trabajadores, "el servicio de seguridad se encuentra realizándose al 50%. Los componentes del servicio han ido llegando a un extremo de estrés, miedo, etc.". "Debido a la morosidad que estamos sufriendo por no hacer frente a los pagos personales de cada uno (hipotecas, luz, agua, pensión de alimentos, desahucios, etc.) hemos llegado a una situación de deterioro en nuestra salud, llevándonos a tener que darnos de baja por ansiedad y depresión", insisten los trabajadores.
La plantilla de seguridad en el centro de Tiempo Libre en La Línea es de cinco personas. "No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta situación. La solución está en manos de la Junta", indican en la plantilla. "Estamos trabajando sin saber si cobraremos, si mañana tendremos trabajo, teniendo gastos para acudir a trabajar, teniendo que pedir prestado a amigos o familiares para salir adelante, y mermando cada vez más nuestra propia salud mental y física, y con la vuelta al cole el próximo mes".
La Junta, para evitar un problema relacionado con la falta de personal en la seguridad, ha ubicado en el centro a otros cuatro trabajadores de vigilancia, para compensar las vacantes que GFS Security no estaría cubriendo.
Desde este medio se ha tratado de contactar con la empresa sin éxito. Según explican desde la plantilla, en junio se produjo la adquisición de GFS por parte de un tercero, lo cual no habría facilitado que se desbloquee la situación, si bien se ha acabado prorrogando el contrato de seguridad.
Los trabajadores ahora están llamados a iniciar un proceso legal para reclamar por vía administrativa y judicial sus nóminas, sin que hayan logrado aún un acuerdo con la empresa, aseguran.
La subrogración, lo más difícil
El trámite para la rescisión del contrato de seguridad se va a alargar aún algunos días, o incluso semanas. Este tipo de procedimientos es complejo, puesto que, de no realizarse debidamente, podría provocar reclamaciones por parte de la empresa.
El siguiente paso será la tramitación de urgencia de un contrato menor para cubrir la seguridad del edificio, explican fuentes autonómicas. Mientras se licita ese futuro contrato, habrá alguna posibilidad para que la plantilla actual de cinco personas continúe trabajando de manera subrogada.
Posteriormente, habrá que sacar a concurso un nuevo contrato público. "Se hará lo posible para que se cuente con los mismos trabajadores", señalaban desde la Junta.