La Consejería de Vivienda ha detenido la construcción de una macrourbanización ilegal en suelo rústico en Viña Clemente, en La Línea. La intervención, que ha supuesto el precinto de 121 parcelas en construcción, ha sido realizada por la inspección urbanística de la Junta en colaboración con los cuerpos de seguridad, en el marco de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista), que refuerza la labor inspectora y se centra en la prevención para evitar edificaciones ilegales.
El rápido proceso de urbanización ilegal de esta zona, atractiva por su proximidad al núcleo urbano, ha sido frenada gracias a esta operación. La inspección de la Junta ha intervenido en una superficie de seis hectáreas, donde se realizaron movimientos de tierra, desbroce de la vegetación, soterramiento de un arroyo, apertura de caminos, eliminación de una hectárea de superficie forestal y la construcción de muros de bloques de hormigón para dividir el terreno en lotes de 500 metros cuadrados. En menos de dos años, estos lotes fueron vendidos en 121 subparcelas.
Además, los propietarios de estos suelos ya habían comenzado la construcción en unos 70 lotes sin contar con licencias urbanísticas, lo que constituye una infracción muy grave. En estos trabajos se detectaron conexiones ilegales a la red eléctrica, pozos ilegales y recorridos que dificultan la evacuación en caso de incendio.
Las prácticas fueron denunciadas por la Guardia Civil tras una labor de investigación y coordinación. Se detectó que este asentamiento ilegal impedía el desarrollo urbanístico del municipio y la articulación de la franja litoral, causando un importante daño medioambiental y territorial. Además, el área se encuentra a 800 metros de una zona de interés para la defensa nacional, afectando su zona de seguridad legalmente establecida.
Un centenar de propietarios han sido identificados y citados, informándoseles de la orden de suspensión y precinto de las obras y la imposibilidad de continuarlas. La Inspección de Ordenación del Territorio aseguró la proporcionalidad de las medidas en relación con los derechos de los administrados, garantizando el buen fin de los procedimientos de restablecimiento iniciados.
La operación fue dirigida por la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Fomento, en coordinación con la Guardia Civil, la Policía Nacional adscrita a la Junta, y técnicos de Endesa y Aqualia, con la colaboración del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. La seguridad fue garantizada con el apoyo de la Policía Nacional encargada de la seguridad ciudadana en la zona.
Los hechos denunciados podrían constituir delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, por lo que se ha procedido a trasladar la información a la Fiscalía especializada en delitos medioambientales y urbanísticos. Esta actuación se enmarca en el nuevo marco normativo andaluz en materia de ordenación del territorio y urbanismo, conformado por la Lista y su reglamento de desarrollo, que refuerza la inspección autonómica frente a infracciones en suelo rústico.
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