El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón a la panificadora Butrón, un año después, tras resolver a su favor el Recurso de Suplicación que interpuso contra una demanda interpuesta por un grupo de trabajadores, en concreto, sentencia de fecha 12 de mayo de 2023 del Juzgado de lo Social nº 2 de Cádiz. La empresa familiar ubicada en el polígono de Pelagatos, en Chiclana, estuvo en el punto de mira desde que el pasado 11 de noviembre de 2022 se iniciara una huelga indefinida.
Unos 23 trabajadores iniciaron esta movilización con el fin de luchar por sus derechos y condenan a la empresa por despido improcedente de un trabajador por afiliarse a una sección sindical. Estuvieron meses exigiendo su readmisión y denunciando la presunta precariedad y las "prácticas abusivas" que sufrían de la mano de CGT. Incluso llevaron el asunto al Parlamento Europeo tras muchos días acampados en las inmediaciones de las instalaciones reclamando condiciones dignas.
A mediados de julio de 2023, tras ocho meses, la huelga indefinida se paralizó. En este tiempo, según ha manifestado Rosa Butrón, propietaria de la panificadora, en un comunicado, "provocaron daños de los que aún hoy apenas se ha recuperado".
En una primera instancia el Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz declaró legal la huelga convocada, a pesar de los numerosos argumentos que tenía la empresa para considerar que la huelga había sido convocada en fraude de ley.
Un año después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla ha dado la razón a la empresa y ha declarado la huelga convocada por los trabajadores "ilegal". "La actitud de hostigamiento a la actividad empresarial ha sido constante por parte de CGT y aún hoy se mantiene activa. El daño reputacional sufrido es aún hoy difícilmente cuantificable", expresa.
La empresa ha repasado cómo ha vivido este año tras la huelga. Así, ha acusado a los trabajadores en huelga y al sindicato de propinar "numerosas expresiones de desprecio en búsqueda de una daño gratuito y carentes de toda veracidad en los medios de comunicación".
"La propiedad de la empresa en la persona de sus dirigentes, se ha visto en todos estos meses impotente ante los insultos públicos, las falsedades dichas por los participantes en los medios de comunicación. Y es que durante todos estos meses y vigente la huelga, la empresa ha tenido que ver cómo en diferentes medios de comunicación y redes sociales, no solo los trabajadores y sus familiares, sino representantes sindicales y políticos, han venido atribuyendo a la empresa conductas en las que nunca ha incurrido", defiende la propietaria, que manifiesta que la empresa "ha tenido que soportar cómo de manera pública y calumniosa se les ha calificado de explotadores y negreros".
También añade que se les ha llegado a llamar perros, han sufrido daños en su patrimonio, se han hecho campañas de boicots para que no consumieran sus productos. "Y todo ello en el más estricto y absoluto silencio, con respeto a los tiempos procesales, sin contestar ni una sola de las injurias sufridas", dice.
Según la panificadora, esta no es la primera sentencia que hace justicia. "A la primera sentencia de 6 de julio de 2023, en la que la central sindical de CGT pretendía la declaración de nulidad del despido de un trabajador por vulneración de derechos fundamentales y la readmisión del mismo, el juzgado decretó que en ningún momento hubo dicha vulneración, que no se atacó la libertad sindical de ningún trabajador, decretando la improcedencia del despido más bien por un defecto de forma", detalla.
Además, defiende que "CGT ha visto truncada esta estrategia de hostigamiento al menos en dos ocasiones más". Los Juzgados de lo Social de Cádiz han decretado en estos últimos meses varias sentencias desestimatorias instadas por los trabajadores en huelga y CGT "por vulneración de derechos fundamentales por las más diversas y peregrinas causas, vacaciones, plan de igualdad etc… en las que solicitaba de manera temeraria indemnizaciones millonarias".
En el comunicado, los dueños se preguntan "¿cómo se restaura el honor atacado? ¿cómo se repone la imagen dañada? ¿cómo se contrarrestan los insultos recibidos? ¿cómo se neutralizan las miradas de reproche soportadas?".
Por último, Rosa Butrón transmite que "la panificadora no se ha dejado vencer, que ha defendido sus derechos, que ha respondido con respeto, mesura y moderación, dentro de la legalidad más estricta, a esta indeseable estrategia sindical, que no tenía más objetivo que desestabilizar la actividad productiva de la empresa". También destaca que esta huelga "además de ser ilegal, porque así lo ha decretado la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia, fue salvaje".