Una vecina de Barbate, que ha sufrido un corte en el suministro por no poder hacer frente a los recibos, lamenta la desproporción entre lo que consume junto a sus dos hijos y el montante global que abona debido a impuestos y cánones autonómicos.
La sorpresa fue mayúscula cuando al abrir el grifo, Pilar Rendón se encontró con que no salía agua alguna. Probó en varios grifos de su piso y nada. Entonces, se temió lo peor. Bajo al cuarto de los contadores y se encontró con que las tuberías estaban cortadas. Llamó a la concesionaria del servicio de aguas del municipio de Barbate, Aqualia, y le confirmaron que se le había procedido “al corte del suministro por impagos y tras aviso previo”. Esto último indignó más si cabe a la mujer, puesto que no dice no tener notificación alguna al respecto y que por ello su corte es “ilegal”. En este sentido, lavozdelsur.es ha contactado con Aqualia para conocer su versión de los hechos, y la empresa ha asegurado que "esta señora sí recibió la notificación”, argumentando como prueba "que vino a nuestra oficina por este motivo antes de que le suspendiéramos el suministro". Sin embargo, la vecina argumenta que fue “para reclamar las facturas” y que, posteriormente, en la oficina le dijeron que constaba la notificación “como ausente”. Antes de la publicación de esta noticia, este medio ya había podido constatar que se había producido el restablecimiento del suministro de agua porque, según Aqualia, “ha pagado su deuda".
Todo viene desde que hace unos meses la barbateña comanzara a reclamar una factura con un “coste exagerado” para el consumo habitual. “Vivo sola con mis dos hijos y la mayor parte del tiempo estamos en casa de mi madre, no es normal pagar más de 160 euros de agua”, reclama tras enseñar una factura que señala un coste total de 166,01 euros, siendo el consumo de 65,58 euros. Más del doble del consumo son impuestos, cánones autonómicos y demás especificaciones que se desglosa en la factura y que se incluyen en los recibos de todos los usuarios. A pesar de ello, no dejan de ser curioso conceptos como “alcantarillado fijo (5,42 euros) o alcantarillado variable (14,01)”, que engordan la cifra final, así como un canon que va a parar a la Junta de Andalucía por la estación depuradora dividido en dos partes “canon fijo (2,17 euros) y variable (24,30 euros)”.
Ese concepto de depuración se suma a otro que va a parar a la propia empresa concesionaria, también utilizando los términos de depuración “fija (6,50 euros) y variable (23,84). A todo ello, hay que sumarle el IVA y, pese a que en este caso la vecina tiene una rebaja del 30% del consumo por estar empadronada en Barbate (-3,90), paga más de 100 euros, exclusivamente de impuestos y conceptos que no tienen que ver con el consumo en sí de agua.
“Yo no me niego a pagar, pero una cosa razonable, somos muy pocas personas para el agua me cobran”, se lamenta Rendón, que teme que al volver a poner el contador –amén de cobrarle 35 euros por el reenganche- “me volverán a cobrar otra vez una barbaridad”. De hecho, no es la única factura que reclamaba, ya que en julio de hace dos años le pasó lo mismo y le devolvieron “la mitad del importe y seguía siendo mucho para lo que consumimos”. Del pasado mes de agosto tiene otra factura donde el importe es de 123,34 euros que tampoco la ha pagado por estar reclamada. “Pagamos el agua a precio de oro y eso que el agua no se puede ni beber”, se lamenta la barbateña, que mantiene la misma opinión que otros vecinos que tienen que estar “comprando botellas de agua y gastando más dinero”. Dice que durante todo el tiempo está intentado ahorrar lo máximo posible con el agua, pero que aún así no le siguen “cobrando una barbaridad”.
Por su parte, Aqualia comunica que el corte no ha sido solo por los impagos, sino “que también había cometido anteriormente un fraude en su contador” y que para cuya liquidación “se le había concedido un plan de pago muy cómodo que incumplió al dejar de pagar”. Esto último es puesto en duda por la vecina, puesto que entiende “que no se ha dejado de pagar el pago fraccionado, sino las facturas del agua abusivas”. Asimismo, asume el citado “fraude” del contador, tras unas obras que realizó su exmarido y que ahora tiene que pagar ella.
Su caso se asemeja al de otros vecinos que también han denunciado este hecho. Tras intentar arreglar el asunto con Aqualia, según la vecina la empresa le quiere cobrar por volver a poner en funcionamiento suministro, por lo que dice haber puesto una denuncia en la Guardia Civil e intentado poner una reclamación en la Oficina del Consumidor: “Fui pero estaba cerrada y no podía ir más por estar trabajando”. No obstante, sí dice haberse puesto “en contacto con la plataforma por el agua pública y también con el Ayuntamiento”. De este último dice que, aunque no pueden hacer nada directamente, “la abogada está estudiando mi caso por si puede ayudarme”.
El mecanismo que emplea la empresa concesionaria, según ésta, es igual para todos, con un plazo de 30 días para pagar la factura “en periodo voluntario de pago (sin recargo)”. Si la persona no ha pagado en el plazo establecido es cuando se procede a la notificación para avisar de que hay una deuda. “Va un notificador hasta dos veces para entregar en mano la carta de (que la persona firma como recibida) y, si después de esas dos veces sigue ausente, se le deja en el buzón”, explica la empresa. En total una persona tiene entre 70 u 80 días para pagar desde la emisión de la factura antes de que se realice el corte.
Precisamente, en la sesión plenaria de este mes de octubre, el alcalde Miguel Molina a instancia del portavoz de Izquierda Unida, Luis Perulles, enumeró las actuaciones que han estado haciendo durante estos años para “fiscalizar” la concesión del agua. El portavoz andalucista, Javier Rodríguez, respondió también a una pregunta muy concreta sobre los cortes que se había producido, elevándose la cifra a 177. Pila Rendón tiene un hijo de 13 años y otro de 18 que, actualmente está fuera estudiando, luego se entiende que no va a estar consumiendo agua. En este caso, ha tenido que poner el asunto en manos de una abogada y busca más afectados, según comenta en redes sociales para compartir este problema.
Este asunto no es el primer caso de reclamación por el suministro de agua en Barbate. La diversidad de conceptos que engordan un consumo normal, duplicando y triplicando el precio final, han levantado ampollas en el municipio. Desde hace unos años una plataforma ciudadana viene reclamando la ruptura del contrato y la remunicipalización del agua. No obstante, desde la propia empresa comentan que el “el precio del agua en Barbate es el mismo desde 2012, ya que no ha habido ninguna subida de tarifas”, e incluso sostienen que ha bajado para los empadronados en Barbate, con la ya citada subvención del 30% del consumo del agua. Aparte de eso, “Aqualia y el Ayuntamiento han creado un bono social para personas con dificultades para afrontar el pago del recibo”.