El debate público por la privatización del faro de Trafalgar ya tiene un segundo episodio en forma de asamblea celebrada en el bar Las Dunas de Los Caños de Meca.
Más de un centenar de particulares, representantes de asociaciones y de colectivos vecinales de la provincia se reunieron para tratar la situación del proceso y adoptar nuevas medidas de protesta.
Este encuentro se produce mes y medio después de la concentración del 10 de diciembre, a pie de faro, en la que un centenar de participantes se manifestaron contra este proceso administrativo publicado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) cinco días antes.
Varios portavoces de los contrarios al proyecto, coordinados entre otros colectivos por Ecologistas en Acción, afirman que el acuerdo inicial consiste en "inundar" de alegaciones a la APBC, que preside Teófila Martínez. Este organismo, vinculado a Puertos de Andalucía y, por tanto a la Junta, además de a Puertos del Estado, ha publicado el primer expediente, el inicial, de este concurso de cesión.
El plazo para alegar es de 20 días y los opositores pretenden realizar estas alegaciones a título particular, y en pequeños grupos, para hacer más visible y efectivo "el rechazo total a la privatización de un espacio natural e histórico que forma parte de la memoria sentimental de miles de barbateños, vejeriegos, conileños y visitantes de toda la provincia, de Andalucía y de España".
Del mismo modo, la reunión acordó elevar una propuesta por "las grandes dificultades burocráticas para acceder a ese documento, que puede tener unas 400 páginas, y para el que hay que cumplimentar varios trámites o permisos, además de hacer una visita a la plaza de España de la ciudad de Cádiz".
Esa documentación es el primer paso para la instalación de un bar con terraza y un centro de interpretación en la base de la mítica torre. La empresa ganadora del concurso, como publicara la APBC, es Pentágono Colón SL, propiedad de los hermanos Cebolla, populares empresarios de hostelería de Sevilla, según los ecologistas.
Los establecimientos ocuparían dos inmuebles al pie del edificio histórico, en la zona baja y rectangular del faro, la que habitaron dos familias fareras hasta hace apenas cinco años.
Uno de esos espacios, según el anuncio oficial, acogerá un restaurante a cargo del chef Germán Franco, con varios establecimientos en Sevilla. "Ofrecerá una carta con productos propios de la zona, con especialidad en arroces, carnes y pescados. Dispondrá de terraza exterior, comedor interior y barra para aperitivo".
En el otro, con una superficie de cien metros cuadrados, se habilitarán varias salas expositivas relativas al propio faro. También a la histórica, y desastrosa para España, batalla de Trafalgar (21 de octubre de 1805). Un añadido exterior detallará la flora y fauna autóctonas.
La inversión inicial en estos nuevos equipamientos ascendería a 123.600 euros, según ese primer anuncio, publicado este pasado 5 de diciembre.
Los contrarios al proyecto se muestran optimistas por el precedente de hace cinco años, cuando una empresa alemana obtuvo una concesión similar para construir un hotel. Un error administrativo (la legislación impide abrir hoteles en los faros, pero no otros establecimientos) frustró aquella iniciativa.
La empresa que había ganado concurso interpuso una demanda y logró una indemnización en lo que los opositores consideran "un error grave" de la administración responsable del faro de Trafalgar.
Cuatro pasos en un tiempo indeterminado
Los reunidos en la asamblea de este domingo recuerdan que la privatización del espacio histórico precisa de cuatro pasos. El expediente publicado por la Autoridad Portuaria es el primero. De forma consecutiva deben llegar revisiones y permisos de la Demarcación de Costas (obviamente el recinto se encuentra en dominio público marítimo-terrestre), la Consejería de Medio Ambiente y la de Cultura.
Portavoces de la plataforma El faro no se vende repasaron en el encuentro los argumentos principales que sustentan su rechazo. En primer lugar, el impacto ambiental en un espacio protegido (en la Red Natura 2000), el tómbolo, que tiene acceso restringido a vehículos y queda cubierto de arena de forma frecuente. "Además del impacto sentimental porque este lugar es parte de nuestra memoria, de nuestro paisaje, de nuestras vidas", afirman.
La apertura de un restaurante y un centro de interpretación, afirman, conllevaría la obligación de mantenimiento de la vía de acceso, el tráfico de maquinaria pesada para las obras y la aparición de muchos más visitantes con coche privado.
Otro de los impactos que causaría sería "el agravio sangrante respecto a los servicios públicos". Colectivos vecinales de Los Caños de Meca, El Palmar o Zahora, entre otros núcleos cercanos, llevan años denunciando gravísimas carencias en las conducciones de agua, la eliminación de aguas fecales o la recogida de basuras "y ahora ese restaurante, ese centro de interpretación, recibirían todas esas instalaciones, todas esas prestaciones, que miles de vecinos piden hace tanto tiempo".
De forma paralela, recuerdan que la inclusión del faro de Trafalgar en el parque natural de La Breña está pendiente de publicación, una vez que fue aprobado, y esa inclusión sería incompatible con un recinto hostelero particular.
Como añadido, participantes en la asamblea destacan que en la zona se han producido hasta cuatro excavaciones arqueológicas con hallazgos "singulares" que han tenido divulgación en medios internacionales del prestigio de National Geographic. Estas labores habrían sido impulsadas, según los asambleístas, por la Universidad de Cádiz y el Consorcio Estatal de la Zona Franca de Cádiz.
Incluso, añaden una advertencia añadida que puede ganar peso durante el proceso administrativo: el faro de Trafalgar, el proyectado bar con terraza, estaría ubicado en la zona de mayor riesgo de catástrofe (olas de entre 10 y 15 metros) en los protocolos antitsunami que han preparado todas las administraciones públicas en los últimos dos años.
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