El SUP (Sindicato Unificado de Policía) denuncia persecución institucional contra un representante sindical por cumplir con su deber ético y profesional de denunciar "corruptelas" en una unidad de Policía Nacional en Sanlúcar de Barrameda en el año 2015.
"En la provincia de Cádiz, una región duramente golpeada por el narcotráfico se ha destapado una situación que sacude los cimientos de nuestra institución policial. Lo que es un caso ejemplar de integridad y cumplimiento del deber, se ha convertido en un inquietante recordatorio de los problemas a los que se enfrentan aquellos que se atreven a alzar la voz contra la corrupción y las corruptelas", señalan.
Según el SUP, en febrero de 2015 su secretario local de Sanlúcar de Barrameda, documentó y denunció "prácticas altamente cuestionables por parte de un grupo de policías adscritos a esa comisaría. Estos agentes, encargados de combatir la delincuencia, estaban haciendo un uso privativo y completamente inapropiado de dichos bienes intervenidos a grupos criminales, concretamente de una embarcación de recreo y de una motocicleta".
"Estas acciones no solo representan una grave falta ética, sino que constituyen una violación directa del código deontológico que rige a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, establece claramente en su artículo 5 los principios de integridad que deben ser el eje que guía cada acción de nuestros agentes", denuncia el SUP.
"Cumpliendo con su deber ético y legal al que está obligado, como policía y a su vez como representante sindical, tomó la decisión de documentar estas irregularidades, denunciando los hechos antes sus superiores, mostrando oposición a cualquier práctica corrupta o abusiva que suponga un beneficio personal de un bien sujeto a custodia policial, en un intento de erradicar estas prácticas irregulares y deshonrosas que quebrantan lo más sagrado de nuestra profesión", añade.
"Sin embargo, lo que debería haber sido el inicio de una investigación interna y una depuración de responsabilidades, se convirtió en el comienzo de un calvario profesional y personal para el denunciante. Las pruebas y las denuncias, que mostraron a mandos influyentes y con poder en la provincia de Cádiz haciendo uso indebido de los bienes incautados, se ha convertido en el mayor calvario al que un policía se puede enfrentar, el judicial", lamentan.
"En un giro que desafía la lógica y la justicia, el denunciante se encuentra ahora acusado de revelación de secretos porque ante la decisión de los responsables policiales de "mirar para otro lado", el representante sindical decidió ponerlo en conocimiento de la ciudadanía. Los mismos individuos captados en las imágenes, utilizando una embarcación de recreo incautada al narcotráfico, lejos de enfrentar las consecuencias de sus acciones, han utilizado su influencia para darle la vuelta a la situación. En lugar de recibir el apoyo de sus superiores y de la institución a la que sirve, este compañero se ha encontrado con todo el aparato del Estado en su
contra".
"El día 24 de septiembre del presente año, nuestro compañero será juzgado. Un policía honrado, que cumplió con su código deontológico al denunciar prácticas corruptas, que las puso previamente en conocimiento de sus superiores, llegando hasta a las más altas instancias de la Dirección General de la Policía, hoy lo sientan en el banquillo de los acusados sin el menor atisbo de apoyo social o institucional", afirman el colectivo policial.
"La ironía y la injusticia de esta situación no pueden ser más escandalosa. En una provincia como Cádiz, donde la lucha contra el narcotráfico es crucial y donde la confianza en las instituciones es fundamental para el éxito de esta batalla, nos encontramos castigando a quien defiende la integridad y protegiendo a quienes la comprometen, porque el compañero inculpado lleva más de ocho años investigado", finaliza.
Comentarios