La presidenta de la Diputación de Cádiz ha intervenido en el Parlamento de Andalucía ante el grupo de trabajo sobre estrategia andaluza frente al reto demográfico impulsado por la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior. Irene García ha sido invitada, al igual que el resto de presidentes de las diputaciones andaluzas, para exponer la situación de la provincia en materia poblacional y plantear los retos y necesidades para evitar el avance de este proceso que se presenta como una de las grandes preocupaciones a las que se deben enfrentar de forma inminente las administraciones públicas andaluzas y de todo el país.
Irene García ha recordado en su intervención que “hablar de despoblación no es sino referirnos a la pérdida de nuestra identidad, a la existencia de desigualdades por razones de residir en uno u otro lugar, a dejar morir nuestra esencia. Y eso no podemos permitirlo”. Ha realizado esta afirmación contextualizando la realidad demográfica de una provincia como la de Cádiz, menos afectada que otras por la despoblación de las zonas rurales, pero que igualmente vive este proceso con preocupación.
En este sentido, la presidenta ha explicado que la realidad de Cádiz es diferente a la del resto de provincias por dos razones: su configuración territorial y la apuesta que desde hace años viene realizando la Diputación, con fuertes y diversificadas inversiones en el conjunto de la provincia. Este empeño se ve especialmente reflejado en las localidades con menor población. Como ejemplo de los resultados que están teniendo las iniciativas de apoyo a los municipios y entidades locales autónomas ubicados en las zonas rurales de la provincia, Irene García se ha referido al impulso que están viviendo los pueblos de la comarca de la Sierra, los más pequeños de la provincia, como foco de atracción turística, con la consiguiente generación de riqueza y empleo directo e indirecto. Algo esencial para fijar la población en el territorio.
La presidenta ha explicado en sede parlamentaria que la Diputación está haciendo “un esfuerzo enorme para que los habitantes de estas pequeñas poblaciones no vean mermada en modo alguno su calidad de vida por el hecho de vivir en un núcleo con un menor número de vecinos” y ha recordado que “esta es una tarea que hemos de llevar a cabo todas las administraciones de forma decidida y coordinada”. Asimismo, ha insistido en que “para fijar la población es fundamental que todas las localidades cuenten con igualdad de recursos y de calidad de los mismos, y en eso nos hemos volcado, pero no podemos pasar por alto que nuestro problema es el desempleo, lo que unido a un grave déficit en materia de infraestructuras, lastra la falta de oportunidades” y justo eso hace que el problema de Cádiz en materia de población no se circunscriba al ámbito rural. Este extremo lo demuestra la situación de la ciudad de Cádiz, que se configura como la capital de provincia que más población ha perdido en el siglo XXI, con un descenso continuado en el número de habitantes desde hace 28 años. Esto se debe, fundamentalmente, a tres factores: el envejecimiento de la población —con una media de edad de 45 años—, el desempleo y la dificultad para acceder a una vivienda.
Irene García ha profundizado en las tres grandes claves que se abordan desde la Diputación para combatir la despoblación, fundamentalmente en los 30 municipios gaditanos menores de 20.000 habitantes, que son: el empleo, los servicios sociales y las comunicaciones y la tecnología. Así, en materia de empleo, la presidenta ha expuesto que el actual Gobierno provincial ha puesto en marcha iniciativas de gran calado como el Plan de Cooperación Local (PCL), destinado a municipios menores de 20.000 habitantes y a las ELA. Este plan suma ya seis ediciones, con una inversión de 27,5 millones de euros y la firma de 5.700 contratos. El PCL está financiado al 100% por la Diputación y entre sus grandes objetivos están generar empleo, fijar la población en el territorio y acometer cientos de obras, con la consiguiente mejora de infraestructuras en los municipios donde se aplica.
A esta iniciativa se suma el Plan Invierte, en este caso dirigido a todos los municipios de la provincia y que se nutre del superávit del presupuesto anterior. En 2020 se ha llegado a su cuarta edición. La inversión total asciende a 57 millones de euros dedicados a la lucha contra el desempleo. A estos planes de fomento del empleo hay que agregar la apuesta decidida y encabezada por el Patronato Provincia del Turismo por la industria turística provincial, que está obteniendo unos excelentes resultados.
En materia de servicios sociales, Irene García ha destacado que desde la Diputación se garantiza en los municipios con menos de 20.000 habitantes la cobertura universal de las prestaciones básicas, sin necesidad de desplazamientos y no dando lugar a exclusiones por razón de residencia en cuestiones elementales en materia de derechos sociales.
En la misma línea, en las últimas legislaturas se ha desarrollado una política de servicios sociales que también contribuye a anclar la población a su municipio, con acciones como la subvención de plazas en residencias para personas mayores –incluyendo la gestión directa de dos de estos establecimientos- o para personas con discapacidad. Además, se aportan importantes recursos para conveniar con distintos colectivos intervenciones terapéuticas de diversa índole o se gestionan fondos públicos para programas como el de Mayores Activos.
Irene García ha hecho una mención especial a la prestación del servicio de ayuda a domicilio en las zonas rurales, que genera en Cádiz 1.750 empleos, mayoritariamente femeninos, con lo que no sólo se garantiza la atención social, sino que desde la Diputación se favorece la creación de puestos de trabajo. Eso sí, la presidenta ha advertido de que “no caben discursos de bienestar social si la Consejería de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación niega a las entidades sociales la legítima, necesaria y urgente actualización del precio por hora de este servicio de ayuda a domicilio”. García ha recordado que la Diputación es de las pocas administraciones que ha incrementado, con fondos propios esta cuantía para hacer viable un SAD “de calidad y con dignidad para las trabajadoras”.
En materia de nuevas tecnologías, García ha aseverado que “debemos evitar la brecha digital entre las familias que disponen de conexiones de alta velocidad y las que no; hemos de posibilitar el acceso a las TIC en todo el territorio, más allá del número de habitantes de los municipios y de las características orográficas de los mismos”. Para hacerlo posible, la Diputación cuenta desde 1984 con Epicsa, la Empresa Provincial de Información de Cádiz, que tiene como objetivo dar asistencia técnica informática integral a los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia.
García ha recordado que el acceso a las nuevas tecnologías pasó a ser esencial por la situación de emergencia sanitaria, que ha provocado que las redes de comunicaciones sean un elemento imprescindible para el acceso a la actividad escolar o el teletrabajo. En ese contexto, la Diputación de Cádiz distribuyó dos mil rúteres móviles para que familias y colectivos de la provincia en situación de vulnerabilidad social pudieran conectarse a internet de manera gratuita durante tres meses.
Como conclusión, la presidenta de la Diputación ha reiterado la “obligatoriedad del entendimiento entre Administraciones, de la necesaria lealtad institucional, aspecto irrenunciable en cualquier actividad política que busque el beneficio de los ciudadanos”. En ese sentido, lamentó “el actual fracaso de un proyecto que para la provincia de Cádiz hubiera podido suponer un importante hito”, refiriéndose la Inversión Territorial Integrada (ITI). “Una inversión llamada a poner en marcha inversiones importantísimas, que desde la Junta de Andalucía se ha convertido en un timo”, ha dicho, añadiendo que “si no obramos con justicia, anteponiendo paliar las desigualdades de la ciudadanía, no estaremos realizando la tarea para la que nos eligieron nuestros vecinos”.