La titular de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha presidido el Pleno ordinario del mes de octubre en el que, entre otros asuntos, ha prosperado una serie de medidas encaminadas a favorecer un modelo de turismo sostenible entre las que destaca la implementación de una tasa turística voluntaria y gestionada localmente.
La moción, presentada por el PSOE, en origen solicitaba que la Junta establezca las bases para que los ayuntamientos que lo desearan la aplicaran, si bien, tras una enmienda in voce del portavoz Popular en este punto, José Manuel Cossi, también se interpela al Gobierno en el sentido de que cada administración en el marco de sus competencias establezca el marco legal necesario para su puesta en marcha. Otras medidas contempladas en la moción son solicitar a la Junta el control de las viviendas de uso turístico.
La sesión se ha iniciado con una lectura de manifiesto por parte de Agamama, la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama, que este año celebra su 25 aniversario, con motivo del 19 de octubre, Día Internacional de esta enfermedad. La declaración, entre otros asuntos, incide en la importancia de “la celeridad de los procesos”, especialmente los burocráticos, las listas de espera y las demoras en la atención sanitaria, así como insistir en la prevención, con acciones formativas encaminadas a favorecer diagnósticos tempranos.
Compra de la finca El Imperio
También se ha aprobado el inicio en la tramitación de un expediente para la compra de la Finca ‘El Imperio’, en El Bosque. Se trata de uno de los espacios en los que la Diputación desarrolla sus programas experimentales agrícolas y ganaderos, para contribuir al conocimiento, conservación, difusión y mejora de las razas autóctonas con especial trascendencia en la provincia. En esta finca se cuidan los rebaños de cabras payoyas y ovejas merinas de Grazalema, entre otros. Además cuenta con una parte dedicada a la agricultura. Ahora se formalizarán los contactos con el Ayuntamiento para llegar a un acuerdo para la compra, proceso para el que la Diputación ha aprobado una modificación presupuestaria de 1.409.594 euros.
En el debate de las mociones políticas, el Pleno ha aprobado por unanimidad una proposición del Grupo Popular sobre la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia sexual. El texto del acuerdo reclama que el Gobierno reforme la normativa vigente para garantizar este servicio conforme a lo establecido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con especial atención a que los Presupuestos Generales del Estado consignen los fondos que requiere esta medida. También ha prosperado otra moción del Grupo Izquierda Unida en la que solicitaba la apertura urgente de centros de crisis de atención 24 horas a víctimas de violencia sexual, un proceso para el cual el plazo concluye a fin de año. Por ello se ha instado al Gobierno de la Junta de Andalucía a su puesta en marcha en las ocho provincias andaluzas.
Apoyo a las reivindicaciones de la Guardia Civil y Policía Nacional
El Pleno ha respaldado en bloque la proposición del Grupo Popular en apoyo a las reivindicaciones de la Policía Nacional y Guardia Civil ante el Gobierno de España, para ser reconocidos como “profesión de riesgo” y equiparar sus salarios, así como instar al Gobierno “a cumplir los compromisos adquiridos” con estos agentes, los de aduanas y también que se atiendan las necesidades de los funcionarios de prisiones.
La Corporación se ha mostrado favorable también a instar al Gobierno de la Junta a adoptar medidas consensuadas para mejorar y agilizar la gestión y tramitación de la dependencia en Andalucía e incrementar el presupuesto y las plantillas -entre otras cosas-. La moción, presentada por el grupo socialista, se ha aprobado con el apoyo de La Línea 100x100 e Izquierda Unida.
Por unanimidad se ha llegado al acuerdo en una proposición del Grupo Izquierda Unida que trata de preservar los derechos de unos 30 activistas saharauis que han sido deportados, tras estar varios días en el Aeropuerto de Barajas, incluso con una huelga de hambre en dichas instalaciones, tras la negativa de concederles asilo por parte del Gobierno de España. Se ha instado al Gobierno a revisar la denegación y tomar medidas, para asegurar que se respetan los derechos de estos solicitantes de asilo.
La sesión también ha servido para aprobar inicialmente la nueva tasa por prestación de servicio tributario y sancionador que según el vicepresidente quinto, Sebastián Hidalgo, beneficiará a los ayuntamientos, ya que en su mayoría verán abaratado el coste del servicio y por lo tanto aumentarán sus ingresos.