El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) se ahoga. Formado por 18 municipios de la provincia y la Junta de Andalucía, la entidad gestiona desde hace casi una década el ciclo integral del agua potable en alta en la provincia, pero es ahora cuando atraviesa su momento más crítico. Coincidiendo con una subida de los recibos a los que deben hacer frente los alrededor de 850.000 hogares de la provincia a los que abastece, el funcionamiento interno del ente público se desmorona ante la que, desde el comité de empresa, califican de “errática gestión” por parte de sus actuales responsables, con su presidente Víctor Mora (también alcalde socialista de Sanlúcar) a la cabeza. Entre las múltiples disfunciones que denuncia la plantilla, y también otras voces como las de IU (que ha llegado a pedir la dimisión de Mora) o la del parlamentario andaluz del PP Antonio Saldaña (ex presidente del CAZG), se encuentra la ausencia de inversiones para la mejora de las infraestructuras; aumento de los costes de personal de la institución (350.000 euros solo en sentencias judiciales laborales en 2016); un “descomunal” número de horas extraordinarias “ilegales” entre una plantilla “insuficiente, cuantitativa y cualitativamente”; retraso en el abono de las nóminas; situaciones de "presunto acoso laboral"; carencia de servicio de prevención de riesgos laborales; y contratos menores “repetitivos” y “hasta de dudosa idoneidad” para adquirir material, suministros y productos químicos necesarios en el tratamiento, explotación y conservación del servicio.
Desde el anterior mandato, con el PP al frente de la entidad, todo ha ido a peor en un organismo público con sede en la jerezana calle Ancha. Precisamente, algunas de las decisiones más controvertidas que adoptaron los populares bajo su mandato fueron las de comprar a la Fundación Andrés de Ribera (FAR) el actual inmueble que sirve de sede del Consorcio en Jerez, pagando 800.000 euros (“muy por encima de su valor real”) por una finca casi en ruinas. A esto, sumaron no poner en servicio obras ejecutadas por la Junta de Andalucía, “causando un considerable perjuicio a la ciudadanía y utilizando un ente público para hacer oposición política”, según denunciaron en su momento desde el propio organismo, que también acusó a Saldaña de "no aparecer por el Consorcio, ni querer saber nada de él, ni tampoco de sus trabajadores".
Con las pasadas municipales, parecía que las aguas en la entidad se estabilizarían. Sin embargo, la nueva gerente, la letrada y experta en gestión de aguas Desirée Seglar, dimitió alegando motivos profesionales en septiembre pasado —apenas año y medio después de llegar al cargo—. De momento, no solo no ha sido reemplazada, sino que las quejas del personal se han multiplicado sin remedio. El comité señala directamente como culpable de esta situación a Víctor Mora. De hecho, el pasado 1 de diciembre volvió a enviarle una carta, firmada por el presidente de la representación laboral, Francisco Sánchez Gómez, y a la que ha tenido acceso lavozdelsur.es, con vistas a concertar un encuentro y “ahondar en posibles soluciones”. Hasta hoy. Eso, pese a que la plantilla por unanimidad amenaza con movilizaciones y con denunciar de forma permanente la “deriva” en la que "está inmersa la gestión política, administrativa y funcional del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana”.
"No vamos a incurrir en responsabilidades por rebajar el nivel de exigencia a quienes tienen deben estar al servicio de la entidad, y no para servirse de ella"
Una situación, detalla el documento, “que ha tenido su último exponente en el incidente soportado el último mes con la cuestión del abono de los devengos variables, que ha venido a agotar una ya mermada paciencia de todos aquellos que con su sobreesfuerzo diario hacen posible el funcionamiento del servicio mientras presenciamos como, quienes tienen la obligación y la responsabilidad de que este proyecto funcione, en realidad lo están lastrando y conduciendo hacia una ineficacia gestora que, de no corregirse, unívocamente comprometerá la gestión pública del agua”. Este retraso al que se refieren, “no es en sí mismo significativo, como no lo es una gota de agua, a menos que sea la que ya no cabe en el vaso y lo hace desbordar”. “Ese efecto —añade la misiva— es el que ha tenido ese incidente en la plantilla laboral y ello nos aconseja hacer una reflexión acerca de qué está pasando en el CAZG, qué es lo que importa a quienes tienen la responsabilidad de gestión, qué consecuencias puede tener en la futura gestión de la que depende, de una parte, un millón de usuarios y, de otra, un buen número de trabajadores y sus familias, y qué podemos y debemos hacer, o no hacer, como trabajadores de la entidad”.
En este contexto, sostienen desde el comité de empresa, “los trabajadores no son los culpables, pues desempeñan su trabajo más allá de lo que es razonable; pero tampoco nosotros, sus representantes, vamos a incurrir en responsabilidades por rebajar, ni aún justificándolo con nobles intenciones, el nivel de exigencia a quienes tienen la responsabilidad de gestionar, a quienes deben estar ahí, al servicio de la entidad, y no para servirse de ella, a quienes deben poner los recursos y los medios para que la gestión del agua sea pública y eficaz”. Entre el reguero de deficiencias detectadas, expone la carta, está una plantilla "insuficiente, cuantitativa y cualitativamente, para atender los objetivos, como queda acreditado por el descomunal número de horas extraordinarias ilegales que se están realizando para mantener el funcionamiento del servicio y por el medio centenar de sentencias judiciales anuales que ponen de manifiesto la disfuncionalidad existente". "Mientras los trabajadores se ven obligados a hacer jornadas interminables y a ejercer funciones superiores a la de sus contratos, tú (por Mora) no consideras la conveniencia de priorizar su solución, minando la buena disposición de quienes están desbordados en sus jornadas y funciones"."La retranca burocrática —agregan— no solamente afecta a un funcionamiento ágil y eficaz del servicio, también está comprometiendo otros aspectos tan dispares como son la prevención de riesgos laborales (carencia de servicio de prevención y de la planificación de la actividad), el esclarecimiento de situaciones de presunto acoso, el sistemático retraso en el abono de nóminas, la disolución por la vía de los hechos del fondo de acción social de los trabajadores, o el cumplimiento de acuerdos alcanzados con la representación social".
Todo ello está configurando, según la representación laboral, "una pésima estructura consorcial, donde la incertidumbre jerárquica y de funcionamiento se transmite a los trabajadores que asisten, un tanto perplejos, a contrasentidos y contradicciones cuya existencia solo puede encontrar su origen en una errática gestión de la cual no vemos otros responsables que quien ostentan la presidencia y los socios de la entidad". "En más de una ocasión te hemos pedido vernos para desmenuzar la situación que ahora describimos grosso modo y trabajar en el encuentro de soluciones, sin suerte en el empeño", subrayan en el escrito dirigido al presidente de la entidad y también alcalde de Sanlúcar, uno de los municipios consorciados junto a Cádiz, Jerez, El Puerto, Conil o Arcos.
Con el ánimo, escribe el presidente del comité, de "evitar una situación que a buen seguro no es deseada por nadie", vuelve a plantear a Mora la necesidad de mantener un encuentro y buscar soluciones. "En un nuevo ejercicio de lealtad, te hago partícipe de que la representación sindical y laboral, ante la situación por la que está atravesando la entidad y por unanimidad de todos sus miembros, ha decidido adoptar una actitud proactiva y sostenida en el tiempo respecto de todas aquellas cuestiones de las que tengamos conocimiento que afecten o puedan afectar al funcionamiento de la entidad, adoptando para ello cuantas actuaciones y acciones consideremos oportunas, incluida la movilización de los trabajadores en defensa de una gestión eficaz, segura y pública del agua en la zona gaditana".