Huelga masiva de los 1.500 funcionarios y funcionarias de Justicia de la provincia de Cádiz. Los profesionales han secundado una huelga de 24 horas este jueves que se suma a las protestas realizadas durante el mes de abril.
Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT celebran que más del 90% de la plantilla se haya lanzado a la calle y haya participado en este paro que ha afectado al desarrollo normal de la actividad. Según CSIF se calcula que en esta jornada solo uno de cada diez juicios previstos se ha podido celebrar, en cumplimiento de los servicios mínimos.
En Cádiz, el comité de huelga ha llevado a cabo una manifestación que ha recorrido la avenida principal desde los juzgados de San José hasta la Subdelegación del Gobierno. Allí, el responsable de Justicia de CSIF Cádiz, Manuel Lobato, ha insistido en que los funcionarios de Justicia han de decir basta al ninguneo del Ministerio. “Estamos hartos de desempeñar funciones para que los juzgados puedan funcionar sin que se nos reconozcan ni retribuyan de ningún modo” y ha subrayado que el colectivo afectado “constituye el 93% de todo el personal que hace posible que la Justicia funcione”.
Los funcionarios exigen que se paralice la Ley de Eficiencia Organizativa, que, según Lobato, “solo va a recortar derechos laborales y no va a suponer ninguna adecuación retributiva según las funciones que llevan a cabo”. Para CSIF, es lamentable que el Ministerio acepte aumentar el sueldo de jueces, fiscales y letrados, mientras que "castiga" al resto de funcionarios. “No necesitamos una ley, que no ha sido negociada con los representantes sindicales, para organizarnos mejor, sino más recursos materiales, más personal y un verdadero reconocimiento de su labor efectiva”, ha finalizado el responsable sindical.
Desde CSIF, lamentan las consecuencias que estas protestas tienen para la ciudadanía que se ve afectada, si bien subrayan que “el único responsable es el Ministerio y su falta de sensibilidad para con los funcionarios de la Administración de Justicia”.
Todas estas reivindicaciones se han sentido en numerosas instancias judiciales de toda España y de Andalucía, como los juzgados de guardia, los juzgados de lo Social, los juzgados de lo Penal, Menores y Vigilancia Penitenciaria, los registros civiles, las audiencias provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia, así como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y organismos como el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
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