La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha informado a través de su canal de Twitter que un total de 45.313 gaditanos han sido beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) hasta el mes de septiembre. Del total, indica que 15.964 son menores.
🔵 Datos hasta septiembre del Ingreso Mínimo Vital en la provincia de Cádiz @SubdelegCadiz #INSS pic.twitter.com/49vHyLN9LZ
— Subdelegación Cádiz (@SubdelegCadiz) October 5, 2021
Según la Seguridad Social, el Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas.
Así, se consideran beneficiarios individuales las personas de al menos 23 años que no sean beneficiarias de pensión contributiva por jubilación o incapacidad permanente, o de pensión no contributiva por invalidez o jubilación que, aunque compartan domicilio con una unidad de convivencia, no se integren en ella, siempre que no estén casadas, salvo que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio, no estén unidas a otra persona como pareja de hecho y no formen parte de otra unidad de convivencia.
Si se trata de personas de entre 23 y 29 años deberán haber tenido residencia legal y efectiva en España y haber vivido de forma independiente durante al menos los tres años anteriores a la solicitud, salvo que hayan abandonado el domicilio habitual por ser víctimas de violencia de género, hayan iniciado trámites de separación o divorcio u otras circunstancias que se determinen. Se entiende que una persona ha vivido de forma independiente si acredita que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores durante los tres años y que en dicho periodo ha permanecido durante al menos doce meses, continuados o no, de alta en la Seguridad Social, Clases Pasivas del Estado o una mutualidad alternativa al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
En el caso de mayores de 30 años deberán acreditar que, durante el año inmediatamente anterior a dicha fecha, su domicilio en España ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores.
Las mujeres mayores de edad víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual también se consideran beneficiarias individuales.
Igualmente, otra vía de acceder al Ingreso Mínimo Vital es ser titular de la unidad de convivencia Los titulares del IMV, es decir, las personas que perciben la prestación en nombre de la unidad de convivencia y la representan, deberán tener capacidad jurídica y una edad mínima de 23 años.
También podrán ser titulares, siempre que tengan capacidad jurídica, las personas mayores de edad o menores emancipados, cuando tengan hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
La unidad de convivencia está formada por todas las personas que vivan en un mismo domicilio, unidas por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, adopción, y otras personas con las que conviva en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
También se consideran casos excepciones, como ser víctima de violencia de género o en situaciones de divorcio, por ejemplo.
Requisitos imposibles para muchas familias sin recursos
Por otro lado, la concesión del Ingreso Mínimo Vital no ha estado exento de polémica. Hace unos meses, Oxfam Intermon, a través de un informe indicaba que casi la mitad de los andaluces en pobreza severa no cumplen los requisitos para cobrar el Ingreso Mínimo Vital.
La ONG advertía entonces de que más de 1,5 millones de personas que viven en situación de pobreza severa en España no pueden optar al Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado en 2020, por no cumplir con los requisitos establecidos. En el caso de Andalucía, el 42% de las personas en situación de pobreza severa se encontraría en esta situación.
Todo apunta a "fallos en el diseño e implementación" de esta prestación, que la convierten en "una herramienta con limitado impacto en la reducción de la pobreza y la desigualdad". "Es necesario que ninguna familia en situación de necesidad se quede sin protección, y en estos momentos hay en España 597.000 hogares sin ningún tipo de ingreso", señala la responsable de políticas públicas de Oxfam Intermón, Liliana Marcos.
Además, precisa que el gasto previsto para el IMV es "muy inferior a las necesidades de los hogares en un contexto en el que la pobreza severa ha aumentado significativamente". La previsión de gasto en IMV para este año es de unos 1.500 millones de euros y la ONG calcula que es "cinco veces menos" de lo que sería necesario para acabar con la pobreza severa dado el impacto de la covid-19.
Uno de los aspectos del diseño actual que, según Oxfam Intermón, habría que modificar, es el uso del nivel de renta del año anterior como referencia. "La pandemia dejó sin medios de vida a miles de personas de la noche a la mañana", explica Marcos, al tiempo que añade que usar los datos fiscales para determinar el acceso o no al IMV hace que esta prestación sea "inútil" cuando llegan crisis como la de la Covid.
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