La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Vejer se enfrentan por las viviendas ilegales de la pedanía de El Palmar, la única zona costera del municipio gaditano.
El gobierno local (PSOE) ha convocado para este domingo una concentración contra de los derribos que la Junta tiene previsto realizar este sábado, 9 de marzo, en la zona.
Ante esta cita, la administración andaluza defiende que "la práctica totalidad" de estas edificaciones irregulares que se van a demoler tienen uso como "segunda residencia" y "en su mayoría se destinan a alquileres vacacionales clandestinos".
La Consejería de Ordenación de Territorio afirma que "abrir la mano" a la construcción de estas viviendas ilegales "supondría ir contra la ley vigente y mirar para otro lado como hicieron los anteriores gobiernos socialistas".
Desde la Junta de Andalucía señalan que pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal lo que está haciendo el alcalde de Vejer, Antonio González (PSOE), para que lo estudie y determine "si se está incurriendo en un delito o no" al respaldar estas protestas programadas para este sábado.
"Mirar para otro lado" fue lo que provocó, según la Junta , "la proliferación de miles de viviendas irregulares que ahora se encuentran en un limbo jurídico" por lo que la convocatoria de esta manifestación respaldada por el Ayuntamiento "supone obstaculizar la labor para preservar El Palmar y un llamamiento a la construcción de viviendas ilegales sobre suelo rústico".
Para la administración autonómica, el Ayuntamiento de Vejer "es sabedor" de que en El Palmar se está produciendo "un fenómeno de construcción de viviendas prefabricadas sobre suelo rústico" en la que se retiran los precintos judiciales de forma reiterada.
La versión de la Junta insiste en que es el Consistorio el que debe ejercer "la disciplina urbanística". Al no hacerlo, añade, ha sido la inspección autonómica quien ha adoptado las medidas "con los resultados esperados, puesto que se observa un importante descenso en la comisión de nuevas infracciones".
Desde la Consejería de Fomento se distingue con "una diferencia notable entre viviendas irregulares y viviendas ilegales". Igualmente, animan a los ayuntamientos a minimizar el impacto ambiental de las edificaciones irregulares que se encuentran "en un limbo jurídico".
Con esa base legal, hace hincapié en que las nuevas edificaciones ilegales no pueden ser regularizadas "en ningún caso", una circunstancia que saben las personas que se encuentran con una sanción u orden de demolición, y que "conoce a la perfección el alcalde".
El Ayuntamiento de Vejer se reafirma
El gobierno local de Vejer, liderado por el socialista Antonio González, ha ignorado la queja de la Junta de Andalucía y reitera su rechazo a esta "política de derribos". Considera que ésta "no puede ser la única solución" a las viviendas ilegales que se han edificado en esta pedanía costera de la localidad.
El Ayuntamiento admite que ha convocado una concentración con el fin de solicitar "herramientas y apoyo" a otras administraciones: "Tenemos que unirnos en favor de los vecinos y del futuro de El Palmar. Aquí no cabe la política. Pedimos también a la oposición que sea responsable y acuda", afirma el alcalde.
La concentración que ha provocado el choque entre admnistraciones está prevista este próximo sábado 9 de marzo a las 13 horas en el aparcamiento del centro de la pedanía de El Palmar.