La extrema gravedad de los delitos y el "elevado riesgo de fuga" son los dos grandes argumentos de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz para negar, en seis autos distintos, la libertad condicional para los seis detenidos por el viernes trágico de Barbate.
Los encusados seguirán en prisión preventiva como consecuencia de su hipotética participación en el trágico episodio de la noche del 9 de febrero en el que fallecieron, arrollados por narcolanchas, dos agentes de la Guardia Civil en la bocana del puerto barbateño.
La defensa de los seis acusados había solicitado la libertad con cargos, tal y como decidió inicialmente el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate. Sin embargo, la instancia provincial se opone con argumentos muy contundentes.
El acusado de pilotar la narcolancha admite haber llegado con la nave desde Sanlúcar y cruzar el Estrecho con asiduidad: "Para esa persona es muy sencillo huir a Marruecos"
Concretamente, en el auto que rechaza la libertad con cargos del supuesto piloto de la narcolancha mortal, al que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia afirma que el propio acusado admite haber llegado el día anterior desde Sanlúcar con la nave y reconoce "trabajar para otras personas con la misión de pilotar esas lanchas desde la costa de Cádiz hasta alta mar y el Estrecho de Gibraltar".
La Sección Cuarta resuelve en su escrito que con esa confesión previa para esa persona "es muy sencillo huir a Marruecos o a otro país norteafricano eludiendo la acción de la justicia".
Ese acusado de manejar una de las lanchas se ampara, según la defensa, en que no es posible saber si la nave que pilotaba fue, concretamente, la que arrolló mortalmente a los dos guardias civiles.
La Audiencia Provincial rechaza esos argumentos y considera que "existen indicios de que la embarcación que pilotaba el encausado era la que colisionó con la de los agentes, que era él quien la pilotaba, apreciándose en las grabaciones con claridad lo que parece ser una colisión deliberada".
"Además de ser identificada por las ropas de los tripulantes, por sus dimensiones superiores a las de las demás lanchas y porque portaba cuatro motores y dos antenas (característica que no se aprecia en ninguna otra), presenta daños compatibles con la colisión con la embarcación policial".
Los informes periciales que apoyan la investigación judicial establecen, por el momento, que "los daños [en la lancha que habría pilotado el acusado principal] son recientes, se hallan en el frontal y en la quilla, son por tanto compatibles con una colisión y con pasar por encima de la embarcación policial".
El abogado Jorge Piedrafita, que ejerce la acusación popular en nombre de la Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada (Adive), ha mostrado su "satisfacción" con la resolución de la Sala Cuarta, que "garantiza el desarrollo de la instrucción con protección a los guardias civiles afectados y sus familias. Permitirá sentar en el banquillo a los investigados para que sean juzgados por unos hechos muy graves, ante los que esta acusación pedirá la máxima pena".