El presidente de Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, ha celebrado diferentes reuniones con el personal de la institución provincial, al objeto de trasladar sus perspectivas de trabajo tras su reciente investidura. Ruiz Boix ha visitado los despachos donde concluye gran parte de la asistencia técnica que se destina a los Ayuntamientos de la provincia de Cádiz; ámbitos que están adscritos, fundamentalmente, a dos Áreas de Gobierno: Cooperación y Asistencia a Municipios, y Desarrollo Local.
En dicho tránsito ha querido recordar las dificultades que se viven en la contratación pública, a tenor de las alzas de los costes en el suministro de materiales de construcción y la repercusión de la subida del precio de los combustibles. En particular ha ejemplificado con el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), al entender que es representativo de las prioridades de Diputación y se ha visto sacudido por los sobrecostes: “Proporciona cada año al menos un millar de empleos y afianza a la población en el mundo rural”.
En el pleno celebrado en junio la institución provincial aprobó un suplemento de crédito para este programa, cifrado en 1,3 millones de euros; una partida adicional sobre las previsiones ya reflejadas en el presupuesto en vigor. A tenor de este esfuerzo económico Ruiz Boix reclama a la Junta de Andalucía que “comparta su responsabilidad en la compra de materiales y asuma el 50 por ciento del incremento”.
Tras su ronda por las áreas técnicas Ruiz Boix también se ha reunido con los funcionarios de habilitación nacional responsables de Secretaría General, Intervención y Tesorería, así como con los representantes sindicales del comité de empresa y la junta de personal. “Diálogo, consenso y conciliación”, son algunas de los principios que ha trasladado el presidente de Diputación en su primera jornada ordinaria al frente de la institución provincial.
Carga contra la Junta por los recortes de unidades en la escuela pública
En su condición de secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha recordado al PP que durante el último mandato "han suprimido hasta 277 aulas educativas" en la provincia de Cádiz y por eso, le ha exigido una planificación del nuevo curso escolar donde "no existan recortes de recursos públicos, ya que Cádiz es la segunda provincia con mayor número de clases eliminadas en centros públicos".
En una nota, el dirigente socialista ha reclamado que "la forma de apostar por la educación en Andalucía no es suprimir aulas, sino bajar las ratios y mejorar la calidad de la enseñanza". A su juicio, "suprimir aulas significa destruir oportunidades de educación pública para nuestros jóvenes, en los pueblos y barrios de las ciudades, por contra, aulas menos masificadas implicarían que los docentes trabajarían mejor y que podrían atender de forma adecuada las necesidades educativas especiales de niñas y niños".
"Nos sumamos a los recelos que el resultado electoral ha despertado en la comunidad educativa andaluza, fruto de la experiencia que hemos vivido en la anterior legislatura. No esperamos nada bueno del gobierno que el PP pueda conformar en Andalucía", ha advertido para indicar "que continuará en la senda de la privatización y el deterioro de la educación pública en nuestra comunidad".