Agotada esta vía, la Asociación por la Memoria Militar Democrática presenta una demanda ante la Audiencia Nacional. Este trámite incluye la declaración de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para explicar por qué no se aplica la Ley de la Memoria Democrática en el recinto militar isleño.
El colectivo demandante recalca la incoherencia que supone que el mismo gobierno que impulsó la normativa legal no vele por su cumplimiento.
Los tres almirantes a los que se dirige la reclamación están considerados autores del ataque contra personas indefensas desde barcos de guerra hacia la costa malagueña, en la masacre de población civil denominada la desbandá.
Ocurrió entre el 6 y el 8 de febrero de 1937 cuando miles familias desarmadas, llenas de mujeres y niños, fueron bombardeadas desde los navíos mientras huían de las tropas franquistas a pie, por los márgenes de la carretera, hacia Granada y Almería. Los expertos calculan el número de civiles fallecidos en 4.000 personas.
A los tres militares se les atribuye 'la desbandá', el bombardeo que mató a unos 4.000 civiles desarmados cuando huían a pie de Málaga en 1937
La Asociación por la Memoria Militar Democrática considera «absolutamente incongruente» su presencia en el Panteón de Marinos Ilustres por ser «responsables de actos que hoy alcanzarían el calificativo de crímenes de guerra».
«Creemos que España, constituida hoy como un estado de Derecho, no puede admitir que se venere como marinos ejemplares a quienes ordenaron el cobarde asesinato masivo de civiles que huían aterrorizados e indefensos», manifestaba la asociación en su escrito remitido al Ministerio de Defensa en febrero.
La reclamación está basada en el artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática, que impide "menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la dictadura» franquista.