El alcalde de Bornos, Hugo Palomares (IU), y la vicepresidenta primera responsable del área de Memoria Democrática de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, Ana Medina (IU), han denunciado la exhibición de una bandera de grandes dimensiones con simbología franquista, la preconstitucional del régimen franquista y que fue cambiada durante la Transición, en una vivienda de la localidad. La denuncia ha sido trasladada al Ministerio Fiscal, a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, al considerar que estos símbolos son contrarios a la memoria democrática.
Palomares ha señalado que la exposición de la bandera franquista es "un homenaje a un golpista y dictador que además de vulnerar la legislación en materia de memoria atenta contra la dignidad de las víctimas del franquismo al reconocer en un espacio público al responsable de terribles e incontables vejaciones de derechos humanos".
Por su parte, Ana Medina ha calificado este tipo de actos como desprecio a las víctimas de la dictadura franquista "y al dictador responsable de al menos 114.226 civiles republicanos, la mayoría de los cuales continúan hoy desaparecidos". Medina considera que "se trata de un acto consciente" de "reconocimiento a un genocida" que inauguró cuarenta años "sin libertades ni elecciones" y llegó al poder a través de "la violencia y el terror", por lo que "no merece ni el más mínimo reconocimiento por parte de nadie en un país democrático que debería rechazarlo públicamente".
Ambos dirigentes han recordado que la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, establece en su artículo 35 que los símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática deben ser retirados. Esto incluye edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualquier otro elemento que exalte la sublevación militar, la dictadura o sus dirigentes, tanto en edificios públicos como privados, siempre que tengan proyección en un espacio público.
Asimismo, la ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática establece sanciones de entre 2.000 y 10.000 euros para aquellos que incumplan con la retirada de estos elementos contrarios a la memoria histórica y democrática. Hugo Palomares ha subrayado la importancia de hacer cumplir estas normativas para proteger la memoria de las víctimas del franquismo.
El coordinador provincial de Izquierda Unida Jorge Rodríguez recuerda el terror que supuso el golpe franquista en la sierra de Cádiz recogidas en otros por el historiador Fernando Romero Romero, describe que cuando se materializó el golpe fascista en lulio de 1936, en la comarca de la sierra cayeron durante la primera semana del golpe Olvera, Puerto Serrano, Espera, Villamartín, Bornos, Algodonales, Prado del Rey, El Bosque, Arcos de la Frontera, Zahara de la Sierra y Algar.
"En todas estas operaciones intervinieron primero la guardia civil y después, cuando era necesario, columnas de requetés, falangistas o de las guardias cívicas organizadas por los oligarcas, reforzadas con tropas africanas", señala IU.
Romero reconstruye la represión franquista en Bornos, "un municipio donde tampoco hubo violencia republicana previa y donde fueron asesinadas más de un centenar de personas, la mayoría registradas con nombres y apellidos en un listado que todavía se conserva en el archivo municipal", señala el partido. "La Laguna y el Soto, condensaron el terror de los señoritos al cambio de orden que había traído al pueblo la República. La violencia fascista se dirigió principalmente contra los miembros de la corporación municipal del Frente Popular, los líderes de las organizaciones sindicales y los campesinos asentados en las fincas".
"No es casual que al menos el 77% de los hombres y mujeres asesinados fuesen jornaleros, y los protagonistas de los conflictos laborales, pero entre las víctimas también hay algunos pequeños agricultores, artesanos y profesionales que se habían alineado con el socialismo o con el Republicanismo reformista. Y seis zapateros, el colectivo profesional que resultó más castigado tras los jornaleros".
Rodríguez recuerda que este tipo de acciones no hacen más que dañar la memoria colectiva de "quienes dieron su vida por defender el Gobierno democrático de la II Republica frente a quienes instauraron 40 años de Dictadura y sufrimiento en nuestro país, por ellos solicitamos que este tipo de actos no queden impunes ante la ley".
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