Continúa la polémica en Bornos por la colocación de una bandera de España franquista de grandes dimensiones en una de las casas del pueblo.
El estandarte, que es visibile desde diferentes calles y plazas del pueblo, fue denunciado por el regidor de la localidad, Hugo Palomares, de IU, así como por la vicepresidenta primera responsable del área de Memoria Democrática de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, Ana Medina. Ambos han llevado el caso a la Fiscalía, a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, por considerar que los símbolos son contrarios a la memoria democrática.
A la espera de conocer el pronunciamiento del Ministerio Fiscal, lavozdelsur.es ha podido conocer que el propietario de la vivienda donde se encuentra colocada la bandera fue candidato del Partido Popular en las elecciones municipales de Bornos en el año 2003. Benito José Liñán Castro fue como número 13 de la candidatura en los comicios locales, acompañado de su hijo, José María Liñán Membrilla, que iba como suplente en la misma lista electoral.
El alcalde de Bornos señaló sobre la bandera franquista que es "un homenaje a un golpista y dictador que además de vulnerar la legislación en materia de memoria atenta contra la dignidad de las víctimas del franquismo al reconocer en un espacio público al responsable de terribles e incontables vejaciones de derechos humanos"
Por su parte, Ana Medina ha calificado este tipo de actos como desprecio a las víctimas de la dictadura franquista "y al dictador responsable de al menos 114.226 civiles republicanos, la mayoría de los cuales continúan hoy desaparecidos". Medina considera que "se trata de un acto consciente" de "reconocimiento a un genocida" que inauguró cuarenta años "sin libertades ni elecciones" y llegó al poder a través de "la violencia y el terror", por lo que "no merece ni el más mínimo reconocimiento por parte de nadie en un país democrático que debería rechazarlo públicamente".
Ambos dirigentes recordaron que la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, establece en su artículo 35 que los símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática deben ser retirados. Esto incluye edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualquier otro elemento que exalte la sublevación militar, la dictadura o sus dirigentes, tanto en edificios públicos como privados, siempre que tengan proyección en un espacio público.
Cabe recordar además que la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática establece sanciones de entre 2.000 y 10.000 euros para aquellos que incumplan con la retirada de estos elementos contrarios a la memoria histórica y democrática. Hugo Palomares ha subrayado la importancia de hacer cumplir estas normativas para proteger la memoria de las víctimas del franquismo.