La Junta de Andalucía ha informado, en su intento por contrarrestar la versión de los rectores andaluces, de que la Universidad de Cádiz finalizará 2024 con superávit. Esto choca con lo que en bloque dijeron los responsables de las universidades públicas, entre ellos el rector de la propia UCA, Casimiro Mantell.
En concreto, reclaman 25 millones debido a que, por sentencias y reformas legislativas del Gobierno central, debía incrementarse el salario del personal doctor investigador (PDI) y los empleados de servicios de administración (PTGAS). El incremento de costes para aumentar las nóminas de estos trabajadores supondría la necesidad de afrontar 25 millones de euros más de los 1.711 millones del total que se paga en Capítulo I en las diez universidades públicas andaluzas.
La Consejería de Universidad se comprometió en una mesa de negociación con los rectores y los sindicatos a pagar esa cantidad, además entendiendo que había que incrementar las partidas anualmente.
En el caso de la Universidad de Cádiz, la Junta dice que prevé cerrar este ejercicio con un superávit de 3,65 millones de euros y un remanente de 39,3. Todo, porque las propias cuentas que la UCA da a conocer a la Junta ofrecen estos números. "Atendiendo a los datos elaborados por las propias universidades públicas, y que, por tanto, se deberían ajustar a la realidad",
Al estar con las cuentas bajo control, la Junta dará salida a una petición de las universidades, poder emplear sus remanentes, de 116 millones, recursos sobrantes de las transferencias de la Junta en ejercicios anteriores, después de que al cierre del año en curso la previsión por este concepto ascienda a una cantidad superior a los 81 millones de euros.
La Consejería de Universidad ha destacado que gracias a este superávit la Junta de Andalucía autorizará a nueve de las diez universidades públicas andaluzas el uso de una dotación de en torno a 20 millones de euros para acometer en el ejercicio 2024 mejoras de instalaciones e infraestructuras consideradas prioritarias en sus campus, a través del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras.
De esta forma, la administración andaluza considera que “en ningún momento se pone en duda” la capacidad financiera de nueve universidades que componen el sistema público de educación superior.