La Plataforma Antitaurina de Tarifa ha presentado una alegación, con la firma de más de cien ciudadanos y entidades de la localidad, contra el apartado de los presupuestos municipales que prevén 10.000 euros para la creación de una escuela taurina.
Los firmantes consideran que la dotación "infringe el artículo 96 de la Constitución en relación con la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1983".
Ese epígrafe, añaden, proclama que "la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales" en los que se perseguirá "primordialmente el interés superior del niño en todas las medidas que tomen las autoridades administrativas o los órganos legislativos".
Los antitaurinos creen que exponer a los menores a "episodios de violencia extrema" contraviene la Convención de los Derechos del Niño
Los promotores de esta alegación entienden que aprender a torear o ver espectáculos taurinos supone exponer a los menores a "episodios de violencia extrema".
Una portavoz del colectivo antitaurino detalla que "una escuela de tauromaquia tiene la finalidad de enseñar a los menores picar, banderillear, es decir, a ser conscientes y tolerar que pueden sufrir graves lesiones, mutilaciones, pérdida de órganos o incluso la muerte".
"Aprender a torturar y a matar animales expone a los niños a situaciones de violencia extrema contra los animales, contra sí mismos o contra sus compañeros".
La plataforma añade en su solicitud de retirada del presupuesto que "multitud de países y resoluciones internacionales han declarado que la tauromaquia es un espectáculo de tortura animal hasta la muerte. Por esta misma razón, a la mayoría de la ciudadanía española le han dejado de interesar las corridas de toros".
Por contra, afirman, "ha resurgido un interés por parte del Partido Popular de recuperar la financiación pública de la tauromaquia con el único objetivo de confrontar su concepción cultural de España con el gobierno de la nación de signo político distinto".
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