La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Vejer se enfrentan por las viviendas ilegales de la pedanía de El Palmar, la única zona costera del municipio gaditano, y uno de los puntos donde se concentran más residencias irregulares de toda la provincia, junto con otras zonas como Jerez, Conil y Chiclana. Este sábado estaba prevista una concentración contra los derribos en El Palmar, pero finalmente se ha suspendido por las malas previsiones climatológicas, según ha informado este viernes el Ayuntamiento vejeriego, en manos del PSOE tras las pasadas municipales.
Aun así, el alcalde de Vejer, Antonio González (PSOE), ha insistido este viernes en que la vía del derribo de viviendas ilegales "no es la solución" al problema urbanístico existente en la zona y ha pedido a la Junta de Andalucía "medios y herramientas" para poner en marcha un proceso de regularización y planificación del entorno.
En declaraciones a Europa Press, González ha defendido que desde su gobierno local también están poniendo en marcha medidas de control y denunciando a las viviendas irregulares, además de precintar "dentro de nuestras competencias" las construcción de viviendas irregulares en El Palmar.
"Como alcalde lo que pido es que se equilibren las fuerzas, que no solo haya derribos"
"Como alcalde lo que pido es que se equilibren las fuerzas, que no solo haya derribos, que no es solo la única vía, que la vía para que el Palmar avance es la regulación y la planificación", ha dicho el alcalde de Vejer, quien ha lamentado que la Junta los haya acusado de "obstaculizar" estos derribos, previstos para la semana que viene, tras la convocatoria de una manifestación en contra de esta medida.
A ese respecto, ha anunciado que la manifestación ha sido aplazada debido a la alerta amarilla de la Agencia Estatal de Meteorología prevista para este fin de semana y para "no poner en peligro" a los vecinos que acudieran a esta convocatoria, asegurando que buscarán una nueva fecha para concentrarse de forma pacífica.
Como Ayuntamiento, ha asegurado el alcalde, no están haciendo "ninguna labor de obstaculización en absoluto" y que en el pleno de este lunes plantearán medidas en la línea de "más control y más denuncias" a este tipo de edificaciones, además de "pedir auxilio" a la administración autonómica para contar con "más herramientas" para abordar estas situaciones.
En ese sentido, ha apuntado a trabajar "de la mano" con la Junta en el establecimiento de medidas de concienciación y la imposición de "multas coercitivas", además de desarrollar planes especiales que permitan a los vecinos afectados acogerse "a alguna otra vía" y "que paguen", entendiendo que de esta manera "si el vecino ve que la administración autonómica y local van de la mano y se empiezan a hacer medidas y a poner en marcha mecanismos para la regulación, el vecino va a optar por la vía de la regularidad y no por la vía de la alegalidad".
Además, ha puesto el foco en que la proliferación de viviendas irregulares en el litoral no es un problema exclusivo de la provincia de Cádiz, sino que se extiende por Andalucía aunque con El Palmar, ha apuntillado, "se están cebando", al haber más de un centenar de expedientes abiertos.
No obstante, ha dejado claro que desde su gobierno "nunca vamos a alentar la vivienda irregular". "No lo va a hacer pero tristemente estamos siendo punta de lanza de un problema que no solo hay en Vejer o en El Palmar, que tenemos tristemente irradiado en todo el territorio andaluz, con miles de viviendas irregulares", ha añadido.
El alcalde ha defendido también que algunas de las viviendas sobre las que se ha puesto el foco son primeras residencias de vecinos que llevan "años" en El Palmar y no son sólo "segundas residencias destinadas a alquileres vacacionales clandestinos", por lo que ha pedido "mirar con lupa" cada caso. Por último, ha denunciado la "actitud beligerante" de la Junta de Andalucía contra su persona, considerando "desproporcionado" el anuncio de llevar al Ministerio Fiscal "lo que está haciendo el alcalde de Vejer para que lo estudie y determine si se está incurriendo en un delito o no".
Ante la cita prevista para este sábado, que finalmente se ha suspendido, la administración andaluza defiende que "la práctica totalidad" de estas edificaciones irregulares que se van a demoler tienen uso como "segunda residencia" y "en su mayoría se destinan a alquileres vacacionales clandestinos". La Consejería de Ordenación de Territorio afirma que "abrir la mano" a la construcción de estas viviendas ilegales "supondría ir contra la ley vigente y mirar para otro lado como hicieron los anteriores gobiernos socialistas".