El precio aún no está fijado, no es oficial, pero se especula con que en 2024 cada kilómetro que se circule por autovías españolas tenga un coste de entre 3 y 5 céntimos por kilómetro. Así, un viaje entre Jerez y Conil de la Frontera, por ejemplo, ciudades separadas 62 kilómetros, puede tener un coste diario de entre 3,72 y 6,2 euros, según esta horquilla, si se hace ida y vuelta.
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha mostrado el "más absoluto rechazo" a los peajes y ha asegurado que la Junta de Andalucía garantizará que "no se va a pagar ni uno solo" en las vías de competencia autonómica. Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas en Sevilla tras ser preguntada por la implantación de peajes en las autovías españolas, iniciativa que forma parte del paquete de reformas estructurales que el Gobierno de España traslada a la Unión Europea para la recepción de fondos comunitarios asociados al Plan de Recuperación y Resiliencia.
"No es el momento de plantear este debate", ha afirmado la consejera, a la vez que ha considerado que este es "un momento social de desempleo económico muy delicado" y ha subrayado que los gobiernos "del resto de los países lo que plantean son rebajas fiscales". Carazo ha asegurado que "no es el momento de proponer una nueva carga fiscal" y ha destacado "el esfuerzo y dinero que costó levantar" el peaje de la carretera AP-4, que conecta Sevilla y Jerez de la Frontera.
IU Cádiz, por su parte, se opone rotundamente a la posibilidad de un nuevo peaje en la provincia y confía en que se trate sólo de un globo sonda. El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Fernando Macías, se ha mostrado rotundo respecto a la posibilidad de que pudiera volver a instalarse el peaje en la AP-4 Sevilla-Cádiz, al igual que en el resto de vías de alta capacidad, según consta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido por el Gobierno central a Bruselas. Macías ha señalado que “llevamos un escaso año y medio sin peaje en nuestra provincia después de décadas, un escaso año y medio que ni siquiera estamos disfrutando los gaditanos por motivos de las restricciones de la pandemia, hemos luchado mucho para lograr que desaparezca este peaje que venía a ahogar aún más a la provincia de Cádiz, así que lo último que vamos a permitir es que vuelvan a instalarnos en la provincia nuevas marquesinas para un nuevo peaje”.
El dirigente provincial de IU recuerda que “se cuentan por decenas las manifestaciones a las que hemos asistido como IU en contra del peaje, y a la que también se sumaron dirigentes del resto de partidos políticos de la provincia, por lo que ahora esperamos que sepan defender una vez más los intereses de Cádiz y todos sus territorios en el Congreso de los Diputados”. Confía Macías en que esta propuesta que ha partido del PSOE, a través del Ministerio de Transportes, “sea únicamente un globo sonda que no llegue a llevarse a cabo, porque se trata de una medida que no discrimina y perjudica a toda la ciudadanía por igual, ya seas estudiante, parado, persona que se traslada por motivos médicos o trabajador que cada día te trasladas por motivos laborales. Esperamos que el PSOE gaditano se dirija a sus compañeros de Madrid para intentar reconducir esta cuestión”, apostilla.
Macías afirma que “lo último que necesita esta provincia en estos momentos, cuando aún sufrimos los efectos de la cuarta ola de la pandemia, cuando aún se está viendo cómo superar la terrible crisis que nos ha dejado la Covid-19 y cuando ni siquiera se tiene claro cómo van a transcurrir los próximos meses, es la posibilidad de que se instalen peajes en las autovías y autopistas de todo el país, nos parece un auténtico disparate. Hemos salido a la calle en infinidad de ocasiones para decir no al peaje y no se nos caerán los anillos por volver hacerlo”, reitera el coordinador provincial de IU Cádiz.
"Terminará perjudicando a los usuarios que tienen menor poder adquisitivo"
La asociación Facua-Consumidores en Acción ha manifestado su rechazo a la propuesta del Gobierno de cobrar a los usuarios de todas las carreteras estatales y regionales a partir de 2024, porque "terminará perjudicando a los usuarios que tienen menor poder adquisitivo". La medida consta en el plan presentado a Bruselas para el acceso a los fondos del Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación para paliar los efectos de la crisis económica provocada por el coronavirus.
De acuerdo con el texto que ha enviado el Ejecutivo a Bruselas, se plantea un "mecanismo de pago" para avanzar hacia "la internalización de los costes internos" bajo el principio del "usuario pagador" y de que "quien contamina, paga". El Gobierno también indica que pretende la implantación de este pago primero en la red de alta capacidad (autopistas y autovías) y posteriormente a otras redes "de forma progresiva".
Facua considera que el mantenimiento de las carreteras estatales debe estar financiada a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que salen de los impuestos directos de los ciudadanos. Así, alerta de que la medida afectará más a los usuarios con menor poder adquisitivo, que sufrirán un "perjuicio mayor para poder hacer uso de vías que son de titularidad pública".
Asimismo, valora que la medida supondrá también un "claro perjuicio" para los usuarios que no viven en grandes núcleos urbanos y tienen que utilizar estas vías de manera habitual para desplazarse a centros de trabajo, colegios, hospitales, etcétera. La organización critica también la solución del Gobierno porque considera que consistirá en un "auténtico copago o repago", al obligar a los usuarios a financiar unas infraestructuras que ya pagaron a través de los impuestos.
Igualmente, la asociación critica también el "momento" en el que se plantea la medida y denuncia que no existe una apuesta "clara" por fomentar un transporte colectivo "eficaz y eficiente", de manera que represente en la práctica una auténtica alternativa al uso del automóvil para los desplazamientos de los usuarios. Ante el argumento esgrimido por el Gobierno a la Comisión Europea de que este peaje puede "generar incentivos hacia la mayor eficiencia en este modo de transporte, lo que a su vez redunda en una minoración de las emisiones de gases de efecto invernadero", FACUA insta al Gobierno a que si el impacto ambiental es un motivo garantice un transporte público colectivo con infraestructuras suficientes y a un precio asequible como alternativa real al vehículo privado.
Comentarios