La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha firmado en el Ayuntamiento el protocolo de colaboración con el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, que permitirá la rehabilitación de la antigua Comisaría de Policía Nacional de la Plaza del Derribo para su transformación en sede judicial de Alcalá reunificando todos los juzgados existentes y permitiendo una futura ampliación de este servicio en la localidad.
La alcaldesa ha explicado que “ambas administraciones estamos comprometidas a colaborar con el objetivo de incrementar la agilidad de los servicios a la ciudadanía y propiciar la mejora de las condiciones de los profesionales del sector y de las personas que usan este servicio; además para Alcalá el acuerdo supone la recuperación de un edificio muy importante desde el punto de vista patrimonial y enclavado en el casco histórico”.
En los detalles del protocolo, a cuya firma han asistido autoridades judiciales, fiscalía, colegios profesionales y la corporación municipal, se especifica que será el Ayuntamiento quien asuma la rehabilitación integral de la centenaria construcción, obra del arquitecto Juan Talavera, adaptándola a su uso y con capacidad para albergar ampliaciones futuras y ceder el edificio a la Junta para reunificar los cuatro juzgados existentes en la ciudad, actualmente separados a razón de dos en la Plaza del Duque y otros dos en la calle Rafael Santos.
Tras la firma, la Consejería de Justicia ha hecho entrega al Ayuntamiento de una memoria de necesidades que habrán de recogerse en el diseño del proyecto del nuevo edificio, que sí conservará la estructura de su fachada por su gran valor patrimonial. El acuerdo permite al Ayuntamiento comenzar la redacción del proyecto y en la expropiación de solares adyacentes para que se pueda ampliar el espacio disponible para la nueva sede, que contempla un nuevo edificio.
Mientras, la Consejería puede preparar la redacción del convenio con el que se regulará la colaboración por el que la Junta abonará un canon al Consistorio durante 30 años. Por cada euro que ponga el Ayuntamiento recuperará 1,5 euros y, una vez transcurridos los 30 años, el edificio será propiedad municipal y podrá cerrar un nuevo acuerdo con la Junta o darle otro uso. Además, la Junta dotará de las infraestructuras necesarias al edificio, con una dotación tecnológica de primer nivel.
Otra consecuencia del acuerdo es la devolución al Ayuntamiento de la parcela cedida con anterioridad para este uso en la zona de Montecarmelo para que pueda ser utilizada por el Ayuntamiento para otros usos que sean más apropiados en aquella zona. Para el consejero el gran valor de esta sede es el “ejemplo de colaboración entre administraciones que anteponen ante todo la atención al ciudadano. Alcalá, declarada recientemente Municipio de Gran Población, no es una ciudad dormitorio, es una ciudad que necesita sus propios servicios, que tiene vocación de crecimiento y desde la Junta queremos seguir colaborando, dotando de esos equipamientos que son de competencia autonómica”.
“Este protocolo es la consecuencia de un acuerdo alcanzado en septiembre de 2023. Ambas administraciones son conscientes de la necesaria lealtad institucional y continua colaboración independientemente del signo político de ambas para el beneficio de la ciudadanía”, ha añadido.
La modernización posibilitará menos rotaciones de jueces, cuestión que agilizará de igual modo los procesos, así como la dotación de los más novedosos equipamientos tecnológicos. Todo ello conllevará la agilidad en los procesos y el servicio judicial que se ofrece a la ciudadanía, así como la necesaria y demandada mejora de las condiciones laborales de los profesionales, destaca el Ayuntamiento en un comunicado.