El caso de las oposiciones a la Policía Local de Sevilla celebradas en 2012 que fueron anuladas por un juez al sospechar que el examen había sido filtrado y favorecido a 44 de los examinados ha pegado un giro inesperado. El Ayuntamiento de Sevilla que lidera José Luis Sanz ha pedido que la prueba no se repita y que se mantengan los puestos de trabajo otorgados en aquel entonces.
La Justicia había ordenado que se repitiesen las pruebas y el Gobierno municipal no había puesto impedimentos para ello llegando, incluso, a anunciar la fecha en la que se realizaría la convocatoria. Sin embargo, un escrito del director general de Recursos Humanos señala que la idea del Consistorio va en dirección contraria. En él pide al juez que no se lleve a cabo la sentencia.
Los motivos alegados en el documento emitido el 7 de septiembre son la imposibilidad material de ejecutar la sentencia por las circunstancias que se han producido desde el nombramiento de los funcionarios. En esta línea, Recursos Humanos pone especial énfasis en el "grave perjuicio" a la Seguridad Ciudadana y al interés público que supondría que el servicio de Policía Local tuviera 44 agentes menos por la dificultad para cubrir las actuaciones diarias y extraordinarias en fechas de mayor afluencia. El escrito también menciona que la plantilla ha perdido a 50 profesionales por situaciones como jubilaciones o bajas.
Esta falta de personal no es la única razón que se esgrime desde el Consistorio. También hay un argumento de índole económica. El Ayuntamiento defiende que volver a realizar las pruebas supondría un perjuicio económico para las arcas municipales y, por lo tanto, para los sevillanos.