Los Agentes Tutores de la Policía Local de Sevilla han incautado más de 7.000 petardos en un comercio no autorizado. La intervención se produjo en la tarde del 30 de diciembre, tras recibir una denuncia sobre la venta de estos productos a menores de entre 12 y 13 años. Los Agentes Tutores han recordado los riesgos que suponen para los menores hacer uso del material pirotécnico.
En los últimos años las autoridades han comenzado a concienciar sobre este tema y, de hecho, son varios los municipios que ya restringen el uso de la pirotecnia con el objetivo de que los niños autistas y las mascotas no sufran los efectos del ruido.
De este modo, las capitales andaluzas y ciudades como Jerez de la Frontera o Mijas, recogen en sus reglamentos municipales diferentes regulaciones para limitar el uso de la pirotécnica, sobre todo, de cara a las festividades navideñas, ante las cuales, el uso de fuegos artificiales y petardos aumentan.
En la capital almeriense, el Ayuntamiento recoge desde el pasado mes de noviembre recoge en su ordenanza municipal la protección contra la contaminación acústica, así contempla de manera específica en su artículo 63 la necesidad de contar con una autorización municipal para el uso de petardos, cohetes, tracas y artificios pirotécnicos por parte de particulares en la vía pública y en espacios al aire libre, incluso en las manifestaciones.
En cuanto a los espectáculos pirotécnicos no organizados por el Consistorio de Almería, estos también requieren de licencia municipal y están sujetos a las condiciones establecidas para actividades ocasionales o extraordinarias en la misma ordenanza, que contempla sanciones de distinta cuantía en función de los decibelios alcanzados.
En Cádiz capital, el Ayuntamiento ha publicado un bando municipal en el que se establece la prohibición de usar todo tipo de artefactos pirotécnicos sonoros en la ciudad durante estas fiestas navideñas, en concreto, hasta el próximo 7 de enero.
Además, queda prohibida la venta y suministro en aquellos establecimientos que no cuenten con la preceptiva licencia gubernativa, así como el envío de los productos que hayan sido vendidos al público por correspondencia, teléfono o medios informáticos.
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