A primera hora de la mañana del lunes, 11 de enero, efectivos de la Policía Nacional y personal de una empresa de seguridad privada entraron por la fuerza en un bloque de viviendas en el barrio de Nervión de Sevilla, “destrozando y arrancando la puerta del edificio violentamente sin previo aviso”, informan sus habitantes. En estos momentos, trabajadores de la empresa de seguridad privada permanecen en la puerta.
A través de un comunicado facilitado por las vecinas del edificio, lavozdelsur.es ha podido saber que la Policía dejó pasar a un electricista sin identificar, tras arrancar la puerta e irrumpir “de manera intimidante” en la zonas comunes del bloque. Además, afirman que los agentes ordenaron cortar el suministro eléctrico sin presencia de un técnico acreditado de Endesa, ni haber enseñado previamente la nota de la orden judicial a las habitantes del edificio.
En el bloque afectado, uno de los pisos de Pinillos, conviven okupas desde hace 14 años junto una vecina de renta antigua en una situación de máxima vulnerabilidad. Se trata de un edificio abandonado propiedad de Maben Itálica Inversiones SL, que en los últimos meses está tratando de desalojar de manera violenta subcontratando a empresas de seguridad privada 'desokupa'. Durante todo este tiempo, explican las afectadas, la inmobiliaria se ha negado a dialogar o negociar con las personas que habitan el edificio. Ahora denuncian el corte del suministro eléctrico.
Las habitantes advierten en su comunicado que "la suspensión de suministro supone algo ilegal según recoge el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, donde especifica que no se podrá suspender el suministro de energía eléctrica, entre otros, hasta el 28 de febrero de 2022 como recoge el Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que se prorrogan las medidas de protección social para hacer frente a situaciones devulnerabilidad social y económica".
Al día siguiente, 12 de enero, prosiguen en el comunicado, "la abogada de las inquilinas acudió al juzgado a comprobar la orden en los juzgados y descubrió que la nota decía explícitamente que la orden era de comprobación y no de corte de suministro, evidenciando una vez más la ilegalidad de este operativo policial". "Esto no es un hecho aislado –denuncian las afectadas–, ya que en el mes de octubre, la policía presenció de forma pasiva el desalojo ilegal y violento de seis personas en otro de los bloques okupados de Pinillos por parte de otra empresa de seguridad privada, Desokupa Express, algo que un juez decretó como ilegal y comenzó a investigar tras la denuncia de las inquilinas, a quienes permitió la misma noche volver a sus casas".
Las habitantes de Pinillos informan a este periódico que tienen miedo "por la más que evidente colaboración entre las fuerzas de seguridad del Estado y la propiedad del inmueble para desalojarnos violentamente y de manera ilegal, algo que también está afectando a los vecinos del barrio, que manifiestan de forma directa sentirse intimidados con la presencia de empresas como Desokupa Express y que temen los actos violentos de los mismos".
El comunicado concluye: "Pinillos lleva más de una década siendo hogar de muchas personas de todas las franjas de edad y goza del apoyo y acompañamiento de los vecinos y vecinas del barrio, que están siendo testigos de todas las artimañas violentas e ilegales que la inmobiliaria Maben Itálica Inversiones SL está llevando a cabo para la expulsión de estas personas".