En plena revisión del Tribunal Constitucional de los procesos que vivieron varios ex altos cargos socialistas en los juicios por el caso ERE, las sentencias sobre el fraude se siguen produciendo. A pesar de que el Constitucional ha exonerado a personas que estuvieron en los gobiernos de la Junta de Andalucía como José Antonio Griñán, Manuel Chaves, o Carmen Martínez Aguayo, el caso sigue resolviéndose en los tribunales y sigue habiendo condenas.
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha condenado al exalcalde socialista de Los Palacios y Villafranca Antonio Maestre a un año y dos meses de cárcel, un año y once meses de inhabilitación especial y dos años y nueve meses de inhabilitación absoluta, como cooperador de un delito de prevaricación en concurso con malversación, derivado de una ayuda de 750.000 euros recibida por el Ayuntamiento palaciego con cargo a la partida 31L de los presupuestos autonómicos, de la que se nutría la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
Además, el tribunal condena a Trinidad Rodríguez Velasco por su papel como interventora accidental del Consistorio, a un año de cárcel, un año y nueve meses de inhabilitación para empleo o cargo público y dos años y seis meses de inhabilitación absoluta, también como cooperadora de dicho delito de prevaricación en concurso con malversación; con la atenuante de reparación del daño; mientras absuelve de tales cargos al también exalcalde socialista de Los Palacios Emilio Amuedo, al considerar que en su caso, los delitos han prescrito.
Así figura en esta sentencia de 92 páginas emitida el pasado lunes por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla y difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El tribunal considera probado que el exalcalde socialista de Los Palacios Emilio Amuedo, quien gobernó hasta 2004, suscribió el 20 de marzo de 2003 con el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, condenado por prevaricación y malversación en el denominado "procedimiento específico" de financiación de los ERE y fallecido en 2020, un protocolo para que dicho departamento de la Junta aportase seis millones de euros al Ayuntamiento como ayuda excepcional para la construcción y puesta en funcionamiento de un complejo de actividades ecuestres.
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