El Tribunal Supremo ha tomado una decisión judicial crucial que marca un hito en la lucha por la justicia y regulación apropiada en el sector del transporte. Élite Taxi Sevilla y Taxi Project 2.0, han celebrado que el TS avale la inmovilización de vehículos VTC,
El pasado 19 de marzo Ares Cápital presentó un Recurso de Casación tras la inmovilización de un VTC por la Policía Local de Sevilla en febrero de 2022, por la comisión de una infracción muy grave, la captación de viajeros que no han contratado el servicio previamente.
Previamente, Ares Cápital había apelado en el juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 8 de Sevilla contra la actuación del Ayuntamiento, sin embargo, esa apelación fue desestimada en febrero de 2023 por el TSJA. Fue entonces cuando llevó el caso al Tribunal Supremo, que ha dado una resolución aplaudida por los colectivos de taxistas.
"Esta victoria no solo simboliza un paso adelante en nuestra incansable búsqueda por un entorno competitivo justo, sino que también establece precedentes significativos en tres áreas clave", sostiene Élite Taxi Sevilla en una nota. En primer lugar, la legitimidad de la inmovilización de vehículos VTC. El tribunal Supremo ha confirmado que el acta levantada por agentes de la Policía Municipal es suficiente para proceder a la inmovilización inmediata de los vehículos VTC bajo sospecha de cometer infracciones, sin necesidad de un procedimiento administrativo adicional.
"Esta decisión subraya que tal inmovilización no es una vía de hecho arbitraria, sino un inicio de facto de un procedimiento sancionador, adoptado por la Administración competente para asegurar el cumplimiento de la Ley", interpreta la asociación.
En segunda lugar, en respuesta a las preocupaciones sobre una posible discriminación contra los VTC en comparación con los Taxis, el Tribunal Supremo ha dictaminado que no existe tal discriminación. "Esto se debe a las diferencias sustanciales en la naturaleza jurídica de ambos servicios, siendo el taxi un servicio de interés público sometido a regulaciones intensas, mientras que los VTC son actividades empresariales que requieren contratación previa. Además, la medida de inmovilización es una respuesta proporcional para proteger el equilibrio competitivo y la diferencia clave de la contratación previa requerida para los VTC", señala.
Por último, frente a la cuestión de si la necesidad de pagar una multa para levantar la inmovilización de los VTC vulnera el derecho a la presunción de inocencia, el Tribunal ha concluido que no se infringe este derecho fundamental. Según explica Élite Taxi, la inmovilización se establece como una medida cautelar, no punitiva, que permite el ejercicio del derecho a la defensa y el debido proceso, manteniendo la integridad del sistema jurídico y administrativo.
"Esta decisión judicial es un testimonio de la solidez de nuestro marco legal y la dedicación de nuestra sociedad hacia la justicia y equidad, garantizando así los derechos de toda la ciudadanía", sostiene.