Tras la sentencia de la Audiencia de A Coruña que confirma como propiedad estatal el pazo de Meirás, determinando que los herederos del dictador Francisco Franco deben desalojar el enclave, la plataforma que reclama que el cortijo de Gambogaz, localizado en Camas (Sevilla), deje de pertenecer a la familia del general Gonzalo Queipo de Llano, repudiado en 2016 por el pleno del Ayuntamiento hispalense por los fusilamientos perpetrados bajo su mando, y sea recuperado para la creación de un centro de memoria histórica, ha emprendido gestiones para elevar el asunto a la Abogacía del Estado.
El colectivo expone que el general golpista, cuya tumba sigue en la basílica de la Macarena frente al acuerdo plenario de Sevilla que reclama sacarla del citado templo, emprendió la adquisición de este cortijo y sus tierras en 1937, cuando "disponía de plenos poderes para ejercer prevalencia en cualquier operación comercial que se planteara", pues "su Estado Mayor controlaba la administración y los instrumentos financieros de Andalucía, donde sus tropas desplegaban una inusitada violencia".
Según la plataforma, el citado general adquirió casi el 86% del total de la finca, de unas 480 hectáreas, con un dinero que "procedía del Banco de España y la justificación del auxilio de la agricultura y protección de los obreros del campo o modestos agricultores para mejorar sus medios de vida y elementos de su producción", para lo cual adquirió los terrenos "a su nombre" y después los donó a una entidad que acababa de constituir, la "Fundación Benéfica Social Agraria Gonzalo Queipo de Llano".
Entre 1938 y 1940, según el colectivo, Queipo de Llano se hizo con los terrenos de la finca que aún seguían en manos de la familia que hasta entonces poseía los suelos y en 1943, "la Fundación Agraria transmitió la propiedad de la finca" al propio Queipo de Llano, a partir de entonces "único propietario de Gambogazno", pese a que "no llegó a pagar ningún dinero propio por su adquisición".
Mientras el cortijo sigue actualmente en manos de los herederos del general, el colectivo ha expuesto que ha pedido a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, por intermediación de la Alcaldía de Camas, ostentada por Rafael Recio (PSOE), "la formación de una comisión histórica y jurídica con capacidad para completar la documentación que permita llevar ante la Abogacía del Estado el caso de Gambogaz", reclamando además la "implicación" del Consistorio y la Diputación de Sevilla para "llegar a juzgar la propiedad del cortijo".
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