El diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla, Gonzalo Domínguez, se reunió este miércoles con representantes municipales de los once municipios más afectados por la plaga de mosquitos transmisores del Virus del Nilo. Los municipios en cuestión son Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, Bollullos de la Mitación, Isla Mayor, Aznalcázar, Coria del Río, Almensilla, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan y Lebrija. Durante la reunión, se firmó una solicitud para una reunión urgente con la Junta de Andalucía.
"La Diputación y estos ayuntamientos entendemos que la competencia de actuación en esta materia no es municipal, a pesar de lo que la Junta de Andalucía establece en el PEVA. Pero lo importante ahora para la Diputación es actuar, porque no podemos dejar a estos 11 municipios desasistidos, porque ni tienen los recursos económicos, ni tienen los medios técnicos y humanos para poder desarrollar una fumigación a gran escala. La Diputación va a poner encima de la mesa la cuantía económica que sea necesaria, para atender lo antes posible a los vecinos y vecinas afectados", señalaba Domínguez.
El diputado subrayó la urgencia de actuar para proteger a los 100.000 habitantes de la comarca afectada. "Pedimos a la Junta esta reunión por vía urgente. Porque para poder actuar, necesitamos que la Junta de Andalucía resuelva la declaración de la emergencia, resolución sin la que los órganos de fiscalización de la Diputación no permiten que iniciemos ningún tipo de solución".
En la carta que la Diputación y estos 11 municipios han firmado para su remisión a la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, se especifica que el objeto de la reunión solicitada es determinar una serie de requisitos, necesarios para que la Diputación pueda establecer su colaboración con los municipios en cuanto a la ejecución de las medidas de control integral de mosquitos, urgente dado el incremento en la plantación de superficie de arroz y el aumento del riesgo para las poblaciones cercanas a estas áreas de cultivo.
Para actuar de manera inmediata, dada la situación de grave peligro para la salud pública, las posibilidades que ofrece el Ordenamiento jurídico administrativo pasan por seguir los trámites previstos en el art. 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, lo que implica la necesidad de contar con una declaración de emergencia que justifique la utilización de este procedimiento excepcional.
Por su parte, la Diputación Provincial de Sevilla, ha trasladado ya, tanto a la Delegada Provincial como a los ayuntamientos afectados asistentes a esta reunión de hoy, su disponibilidad para poner los medios económicos y de asistencia que fueran necesarios, lo que debe hacerse desde la coordinación de la Administración de la Junta de Andalucía, tanto a nivel de Sanidad, como medioambiental y de política agrícola y ganadera, y delimitando el ámbito de actuación.
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