El Tribunal Supremo se ha pronunciado respecto a la interpretación de un artículo de la Ley de Propiedad Horizontal que legalmente generaba dudas. Y lo hace con dos sentencias en las que se recoge que los vecinos de un edificio pueden vetar que un piso se dedique al turismo. Las comunidades de propietarios podrán, así, por mayoría de tres quintos, ejercer el veto a esta actividad.
Las audiencias provinciales no habían unificado aún el criterio sobre si este poder recaía efectivamente sobre la comunidad de propietarios. Actualmente, corresponde a los gobiernos autonómicos y a los municipios todo lo que corresponde a esa regularización, registro y vigilancia de cumplimiento de mínimos en materias como seguridad.
Ahora, serán también las comunidades de propietarios, ya que se le reconoce en vigor al artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal. Este habla de "limitar" o "condicionar", pero no estaba claro si podía ampliarse a la idea de revocar completamente el derecho a un propietario de una vivienda para alquilarlo con fines turísticos.
Entiende el Supremo que sí era la intención del legislador cuando se aprobó la normativa. Y es así porque en el preámbulo de la ley (el apartado inicial previo a los artículos, y que sirve para interpretar) se justifican las reformas aplicadas en 2019 en el interés de adoptar medidas frente al aumento de los precios, debido, entre otros factores, al creciente fenómeno de los pisos turísticos. El Supremo considera "que la atribución de esta facultad de prohibición con la mayoría reforzada es una medida proporcionada a los intereses en conflicto". Como razonamiento adicional la sala señala que, "de no admitirse esta doble mayoría de tres quintos, bastaría el voto en contra del propietario del piso en el que se pretende ejercer la actividad para impedir la adopción del acuerdo".
Esto viene a cambiar radicalmente el panorama. En muchos bloques de viviendas, ahora serán los propios vecinos los que tendrán capacidad de acudir a una junta de propietarios para tumbar la actividad turística que se ejerce en estas viviendas.
Por pura casualidad, Vox y PP justo en estos días han alcanzado un acuerdo para la limitación de pisos turísticos, como ha reconocido el alcalde, José Luis Sanz, en rueda de prensa este lunes. Lo hace porque Vox finalmente ha logrado arrancar algunos acuerdos al gobierno municipal.
Principalmente, las dudas de la oposición se fraguaban en por qué el Ayuntamiento situaba en el 10% el máximo de viviendas para considerar que un barrio estaba saturado o no. En aquellos casos donde el número sea superior, alrededor de una docena, el Ayuntamiento proponía no conceder más licencias. La oposición quería o bien rebajar esa cifra al 5 o al 2%, según el caso, y ampliar en la práctica el número de barrios donde no se pudieran conceder nuevos permisos.
Ahora, Vox explica que va a encargarse un nuevo informe para justificar ese 10%: "No se puede aplicar esa medida por igual a todos los barrios de Sevilla pues hay que valorar las zonas de alto esfuerzo familiar, las zonas acústicamente saturadas o las de carácter patrimonial". La clave está, entonces, en qué barrios se quedan fuera de la normativa que regula los pisos. Es el caso de la zona de El Museo, por ejemplo, o el entorno de Macarena, Santa Justa... Barrios periféricos al casco antiguo o dentro de éste donde no han proliferado tanto las viviendas.
La regulación municipal llegará muchos meses después de que se pusiera en marcha el decreto de la Junta que limita las viviendas turísticas, facultando a los ayuntamientos para que éstos sean los que restinjan su actividad. Por eso, y tras varios fracasos en negociaciones y derrota en el pleno mediante, finalmente hay incluso prisa: "Confiamos que tras este acuerdo, la tramitación administrativa sea rápida así como su aprobación definitiva y su inmediata ejecución", dice Vox.
El acuerdo llega también en la primera 'pipa de la paz' entre Vox y el PP en Sevilla en mucho tiempo. Desde septiembre de 2023, Vox está reclamando entrar en el gobierno municipal. Tras no salir esto adelante, el PP no ha contado con la ultraderecha ni para presupuestos ni para ordenanzas fiscales. Será, así, la primera vez que ambos partidos colaboren. "Desde la oposición se demuestra también que Vox es un partido útil en la resolución de los problemas", dice la portavoz de Vox, Cristina Peláez.
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